Estos son los 11 puntos vulnerables en el manejo del gasto público

Blindar de la coyuntura política la legislación anticorrupción, pide Juan Manuel Portal

Como misionero en el desierto -la referencia está de moda-, pero así ha sido el trabajo del auditor Superior de la Federación, pues desde que se creó, esta institución dedicada a la fiscalización ha realizado grandes esfuerzos para transparentar el ejercicio de los recursos públicos y poner al descubierto los actos de corrupción, pero sin dientes.

Se trata de una institución sin capacidad para hacer valer sus denuncias ante la PGR, lo que permitió durante varios sexenios que las faltas y desvío de recursos de funcionarios públicos, quedaran sin castigo, esto es, en la más absoluta impunidad.

Por eso el auditor Juan Manuel Portal, ayer insistió ante los representantes de la Cámara de Diputados, en no tirar por la borda la oportunidad de integrar una nueva cultura administrativa y de legalidad y transformar la lógica de la lucha anticorrupción. Y pidió con mucho énfasis en evitar que la coyuntura política rija hoy los contenidos y el rumbo de la legislación que dará sustento al nuevo Sistema Nacional Anticorrupción, todavía en construcción en el Congreso.

En el informe correspondiente a la Auditoría 2014, el funcionario presentó como cada año un recuento pormenorizado de la fiscalización, ejercicio en el que no hubo sorpresas pues tendrá que aclararse el manejo de recursos públicos perdidos en un hoyo negro, esta vez por 42 mil mdp. Lo malo es eso, la mano negra para desviar el dinero público, la negligencia o el descuido, persisten.

Los puntos negros

En su presentación ante el Congreso, Juan Manuel Portal expuso que entre las principales observaciones que conforman el monto observado en la revisión de la Cuenta Pública 2014 se encuentra los recursos no devengados, no ejercidos o no reintegrados a la TESOFE; falta de documentación comprobatoria del gasto; recursos ejercidos en conceptos que no cumplen con los objetivos específicos de cada fondo o programa; retenciones no enteradas a terceros institucionales; recursos no entregados a los ejecutores e irregularidades y retrasos en la ministración de recursos o de rendimientos financieros a los entes ejecutores; transferencia de recursos a otras cuentas bancarias; y pagos improcedentes o en exceso.

Las áreas de riesgo

La principal aportación de este documento -explicó Portal a los diputados- es la identificación de las áreas de riesgo clave en el aparato gubernamental, que enfrentan circunstancias que afectan el funcionamiento de las políticas y programas públicos, así como la clasificación de la mayoría de los resultados en función de tales áreas de riesgo, con el fin de facilitar su análisis.

La selección de dichas áreas considera la importancia relativa que tienen en el presupuesto federal y/o su relevancia en el funcionamiento del aparato estatal.

El rasgo común que tienen, es que presentan vulnerabilidades que en el presente están afectando la operación y ejecución de los programas y, en el futuro, se materializarán en la repetición de fallas o irregularidades, o de momento no presentan problemas, pero es altamente probable que se observen en periodos subsecuentes.

Y tome nota, las once áreas clave con riesgo determinadas como resultados de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2014, son las siguientes:

1. Información sobre beneficiarios de programas sociales: No se ha podido implementar una estrategia, a nivel nacional, que permita contar con un padrón único de beneficiarios de programas sociales. La diversidad de registros existentes muestra una falta de control y calidad en la información de los receptores de los apoyos, lo que repercute en el impacto del programa social o del subsidio.

2. Revelación de pasivos y gastos: En nuestra opinión, resulta necesario que haya un registro puntual de las obligaciones financieras que enfrenta el Estado Federal Mexicano; se requiere que la publicación de la información sea adecuada y oportuna, a fin de contar con datos que permitan vislumbrar la sostenibilidad de las tendencias actuales de gasto y compromisos del gobierno. Esto debe incluir conceptos como: pensiones, deuda contingente, así como los pasivos que enfrentan los fideicomisos, mandatos y análogos no paraestatales. Para las futuras fiscalizaciones, una vez que sean ampliadas las facultades de la ASF, se podrá incorporar lo relativo a la deuda subnacional y la posibilidad de emitir un dictamen sobre las finanzas del gobierno.

3. Integración efectiva de la participación ciudadana en la gestión de los programas públicos: Este ámbito presenta límites para institucionalizar las figuras existentes ,debido a que los grupos beneficiarios de buena parte de los programas y políticas de carácter social pueden presentar niveles considerables de marginación, atomización, inequidad de género, o participación de intermediarios, entre otras condiciones. Es entonces necesario romper con la concepción tradicional que persiste en el sector público respecto a la participación social, que erróneamente no la considera como un elemento vigilante, empoderado, con información suficiente para evaluar la gestión de los programas sociales.

4. Adquisiciones, contrataciones o inversiones que cumplen, en términos generales, la norma pero que no representan las mejores condiciones para el Estado: Se siguen presentando casos, en que pese al cumplimiento de las disposiciones normativas aplicables, los contratos que se celebran no implican un beneficio neto para el Estado. En particular, la ASF ha identificado en diversas revisiones la práctica consistente en la adjudicación directa que otorgan las dependencias y entidades en los tres órdenes de gobierno a universidades públicas, institutos de educación y otras instancias, sin que posean la capacidad técnica para cumplir con la responsabilidad adquirida y, además de que exceden el límite permitido de subcontratación, lo que genera sobreprecios e, inclusive, en diversos casos se ha determinado que los servicios subcontratados no fueron prestados, lo cual se ha convertido en una clara fuente de corrupción.

5. Obra pública: En las auditorías correspondientes a la revisión de la Cuenta Pública 2014, en materia de obra pública, la ASF observó —independientemente del ámbito de gobierno o de la dependencia responsable— la existencia de problemas recurrentes en torno a los siguientes procesos: inoportuna o deficiente planeación, contratación y ejecución de los trabajos; incumplimiento de los términos contractuales; modificaciones al proyecto original ejecutivo; incrementos importantes en el monto de inversión; prórrogas en los plazos de contratación, ejecución y puesta en operación —con la consecuente repercusión social y económica de no contar con las obras y servicios en el plazo y monto contratados—, y serias deficiencias en el control y supervisión de los proyectos.

6. Participación de intermediarios en la dispersión del gasto público: Se sigue observando la existencia de una serie de malas prácticas administrativas y financieras que se han constituido en barreras y obstáculos para el flujo oportuno de los recursos, desde la hacienda pública federal hasta los organismos, entes y dependencias que efectúan el gasto. La falta de oportunidad en la disposición de recursos, a resultas de este tipo de intervenciones, produce efectos negativos en distintos niveles: genera un retraso en las actividades derivadas del ejercicio presupuestal, y abre la posibilidad de que un gobierno local, indebidamente, utilice recursos etiquetados con el objetivo de cubrir faltantes presupuestales o salir al paso de necesidades coyunturales o presiones externas.

7. Subejercicios: El área más significativa en la que se presenta esta problemática es el Gasto Federalizado, a diferencia de otros contextos. En este ámbito, para la fiscalización de la Cuenta Pública 2014, los recursos no aplicados al 31 de diciembre de ese año, ascendieron a 63,607.2 mdp, lo cual implica el incumplimiento de metas y objetivos de los programas, así como la posibilidad de un ulterior uso indebido de los recursos. La solución a esta irregularidad es la aplicación cabal del principio de anualidad en la utilización de estos recursos, ya que, aunque desde hace varios años se señala en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), en la realidad no se respeta. Esto es: que peso federal que no se utilice dentro del periodo fiscal y para los propósitos para los cuales fue aprobado, mismo peso que deberá reintegrarse a la Tesorería de la Federación. Al final del día, se trataría de una disponibilidad financiera federal. Por ello, reiteramos nuestra solicitud para que se haga explícita la obligatoriedad del principio de anualidad de todos los recursos de fondos y programas que se transfieren a las entidades federativas.

8. Débil incorporación de tecnologías de la información y comunicaciones en el ejercicio gubernamental: Estas tecnologías son un elemento esencial para hacer más eficiente el trabajo gubernamental, así como para automatizar sus procesos sustantivos. Sin embargo, la fiscalización ha mostrado que su implementación no necesariamente se traduce en un beneficio. En algunos casos, las inversiones en esta materia no repercuten en la mejora de los procesos y resultan en productos adquiridos a un costo elevado, subutilizados y, en ocasiones, no justificados.

9. Programas públicos duplicados y sin coordinación: Se identificó la existencia de programas paralelos sin que haya una comunicación y coordinación efectiva entre las distintas dependencias responsables, resultando en desfases, traslapes y uso ineficiente de recursos. En particular, en la fiscalización de la Cuenta Pública 2014 se determinó que resulta indispensable analizar la factibilidad de integrar los recursos del Fondo de Aportaciones a los Servicios de Salud (FASSA) con los de la Cuota Social y la Aportación Solidaria Federal (Seguro Popular), en una sola fuente de financiamiento, al considerar que tienen objetivos concurrentes.

10. Servicios suministrados por particulares: La fiscalización superior ha permitido determinar que la participación del sector privado en tareas de orden público no ha estado exenta de deficiencias en materia de cumplimiento de objetivos, discrecionalidad en la toma de decisiones, calidad de los bienes y servicios ofertados, su oportunidad y transparencia. Aunado a lo anterior, la utilización de empresas privadas para el suministro de bienes y servicios no ha estado necesariamente acompañada de mejores procesos administrativos que eviten vicios e irregularidades, faciliten la supervisión y el control por parte de las autoridades competentes o representen una mayor satisfacción de los usuarios de los servicios en cuestión.

11. El diseño e implementación de la política para atender algunos problemas públicos: las auditorías de desempeño evidenciaron deficiencias en el diseño de las políticas públicas evaluadas, entre las que se encuentran: carencia de organismos especializados con las atribuciones pertinentes para el logro de los propósitos establecidos; imprecisiones en la definición de la población objetivo y de los procesos de seguimiento, control y evaluación de los subsidios, y falta de pertinencia o inexistencia de mecanismos para la evaluación de los resultados obtenidos y el direccionamiento de la toma de decisiones.

La opinión de los expertos en puntos de vista apunta en una sola dirección: cuando se presenten los resultados de la Cuenta Pública 2015, se verá qué tanto ha avanzado la nueva cultura de la legalidad y anticorrupción. Hasta entonces.