La batalla blanquiazul II

Manuel Ávalos, analista político, para El Rincón del Chamán.

Contacto: malvaxxi@gmail.com

La virulenta campaña del grupo calderonista en los medios de comunicación en contra del dirigente panista Ricardo Anaya cuyo propósito final es eliminarlo de la contienda por la candidatura presidencial de su partido, pondría en riesgo la unidad interna y debilitaría finalmente la probable candidatura de Margarita Zavala para el 2018.

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La campaña desplegada con una importante fuente de recursos y elementos parece que busca no solo eliminar al joven dirigente del panismo de la carrera presidencial del 2018, sino también de la escena política nacional y recluirlo en Querétaro, su tierra natal, con lo cual eliminarían de tajo a un cuadro que había crecido como espuma en las filas del blanquiazul, particularmente por sus logros electorales estatales que reposicionaron automáticamente al panismo en la carrera por la recuperación de la Presidencia de la República.

Este nuevo episodio de confrontación en las filas del panismo recuerdan las enormes diferencias que tuvo Vicente Fox con su partido en distintos temas de la vida nacional durante su gestión presidencial, así como del propio Felipe Calderón que finalmente propició la elección de una candidatura presidencial debilitada con Josefina Vázquez Mota y su fracaso para retener la Presidencia de la República por tercera ocasión consecutiva.

Parece que los panistas no han aprendido a superar las diferencias internas y terminan en confrontaciones de facciones y de pandillas con saldos amargos para su vida partidaria, particularmente en un contexto caracterizado por el agotamiento de un régimen que no ha podido conformar un nuevo orden político.

Olvidan que la alternancia no ha logrado ofrecer hasta ahora una respuesta diferente a las demandas sociales más urgentes del país, que han generado el recrudecimiento de la violencia, la miseria, el desempleo y la proliferación del crimen organizado en sus distintas variables que han penetrado los cuerpos de seguridad pública.

Asimismo, seguimos con una incapacidad del aparato judicial para imponer reglas y la pasmosa impunidad a quienes violentan la legalidad y la incapacidad institucional para sancionar la corrupción que ha creado un amplio descontento ciudadano y amenaza con poner el riesgo la legitimidad y la gobernabilidad.

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