Combate a la corrupción, bandera electoral

Por Manuel Ávalos, analista político

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La costumbre de nuestra clase política de exaltar los éxitos de sus gobiernos a pesar de que haya poco que festinar, y criticar e incluso a denostar a sus adversarios como consigna, es una de las características de una subcultura política que pulverizó la credibilidad del sistema político que se encuentra en un callejón que parece no tener salida.

Ejemplos como la actitud del dirigente nacional panista Ricardo Anaya de enarbolar como éxitos de los incipientes gobiernos estatales blanquiazules los encarcelamientos de los ex gobernadores de Tamaulipas y Veracruz, Tomás Yarrington y Javier Duarte, es hasta ridícula, cuando la participación de los gobiernos alternos está fuera de toda participación en la captura de los dos ex gobernadores priistas perseguidos por corrupción y otros delitos graves.

Aunque para ser preciso, Anaya solo adjudicó la captura de Yarrington en Tamaulipas a la llegada del panista Francisco García Cabeza de Vaca, porque en el caso de Veracruz, Miguel Ángel Yunes se le adelantó en exaltar la captura Javier Duarte como un compromiso cumplido en su campaña electoral. En ambos casos la postura de los panistas resulta, por su exceso de oportunismo, desproporcionada.

Ricardo Monreal, actual jefe delegacional en Cuauhtémoc, en su más reciente colaboración periodística para Milenio, hace un apunte interesante que vale la pena seguir, para entender una variable que gravitará permanentemente que es el tema de la corrupción como “el telón de fondo” de la campaña presidencial del 2018, cuyos orígenes históricos se registra en el gobierno de Miguel de la Madrid (1982-88) con la “cruzada” contra la corrupción galopante del gobierno de su antecesor José López Portillo.

La cruzada de “La Renovación Moral de la Sociedad” del candidato y después gobierno de Miguel de la Madrid, creando la secretaría de la Contraloría de la Federación y la primera ley de Responsabilidades de Servidores Públicos como el primer intento de frenar la gran corrupción galopante del “último gobierno de la Revolución Mexicana” como lo calificó el propio López Portillo.

Monreal advierte que la existencia de 12 ex gobernadores como indiciados por hechos de corrupción en su gobierno, ha aumentado la percepción pública de que este tema es el principal problema social y político del país que lo tiene hundido en una crisis de credibilidad social que amenaza seriamente la gobernabilidad del próximo sexenio.

Es decir, después de 35 años de las primeras reformas legales para combatir la corrupción gubernamental que no solo parece no ceder, sino por el contrario, es otra vez la bandera propagandística de los partidos políticos y sus aspirantes a la Presidencia de la República, pero lo preocupante de ello es que esta conducta delictiva en la clase política, ha permeado hasta los huesos de muchas organizaciones civiles y ciudadanas e instituciones que fueron alguna vez garantes de la moral pública de la República.

Por ello, resulta prudente en estos momentos preguntarse si la cruzada judicial actual en contra de la corrupción gubernamental en sus diferentes niveles forma parte de una especie de purga concebida por el establishment mexicano para limpiar parte de las cañerías centrales que amenazan con inundar y hundir el barco, o solo es una bandera propagandística electorera que todos quieren enarbolar para convencer a los votantes que ellos son los verdaderos cruzados que salvarán a la República de la impudicia que nos agobia.