Martes negro para el Sistema Nacional Anticorrupción

anticorrupcion ilustracion

¿Peor?, imposible.

Los pretextos no cuentan. Los legisladores que deben ser los garantes de crear y darle vigencia a las leyes, incumplieron con sus responsabilidades.

Y por eso, este 18 de julio pasará a la historia como martes negro para el Sistema Nacional Anticorrupción. Aunque eso tenga sin cuidado a los legisladores.

Luego de casi tres años y medio de discusiones, jaloneos y sombrerazos, los senadores no fueron capaces de ponerse de acuerdo para nombrar al Fiscal Especial Anticorrupción ni a los magistrados que acompañarían esta iniciativa considerada una de las más avanzadas del mundo, en teoría claro.

Pesaron más las razones político-electorales que el mandato constitucional.

Los plazos legales para cumplir con las disposiciones en la reforma constitucional -previstos para este martes 18 de julio-, se convirtieron en plazos fatales.

Y sintonizados en ese mal nacional hecho costumbre, el de justificar lo que no hacemos sin que nadie reclame, la mayoría de los estados tampoco cumplieron con la obligación constitucional de crear los marcos normativos acordes a las reformas anticorrupción.

En el proceso de acompasar la reforma federal a las legislaciones locales, el Semáforo Anticorrupción, elaborado por el IMCO, Transparencia Mexicana y la Coparmex, confirmó que en mayo únicamente 14 estados habían hecho bien su tarea.

Y conforme se acercaba la fecha fatal entidades como la CDMX apuraba la talacha legislativa para cumplir al cuarto para las doce.

Nos quedamos cortos. La realidad es que a finales de mayo 13 estados no disponían de una iniciativa de ley para el Sistema Local Anticorrupción.

El peor ambiente

Al margen de tremendismos, más allá del intercambio de acusaciones entre grupos parlamentarios y sus coordinadores, la falta de voluntad política y la indolencia de los legisladores generaron el peor ambiente para materializar esta gran obra de la nueva cultura política del país.

Las presiones a los responsables de darle sentido administrativo y funcional al nuevo Sistema Nacional Anticorrupción, se convirtieron en campaña que derivó incluso en la renuncia de un importante grupo de colaboradores defensores de este proyecto al espacio editorial que tenían en El Universal, entre ellos Jacqueline Peschard.

Esto no quedó ahí, pues unos días antes del plazo fatal, el Comité de Acompañamiento Ciudadano para la designación del Fiscal Anticorrupción dio por concluida su misión –renunció, pues- por considerar que el incumplimiento de los legisladores a sus tareas “en los hechos significa el menosprecio” del nuevo Sistema Anticorrupción.

El Comité de Acompañamiento Ciudadano -integrado por siete personalidades, entre ellos Luis Carlos Ugalde, Cristina Puga, Issa Luna y Silvia Inclán-, lamentó profundamente la falta de profesionalismo y compromiso de los senadores pues nos llevaron a una omisión gravísima que mella la legitimidad y funcionamiento del Sistema Anticorrupción.

Fiesta de ex gobernadores

Para los ex gobernadores en capilla y vinculados a proceso por presumibles actos de corrupción, que suman una decena, la falta del nombramiento del Fiscal Anticorrupción son buena noticias.

En los corchetes de la legislación queda establecido que la legislación penal anticorrupción entrará en vigor una vez que sea designado el Fiscal, de tal manera que todos los casos vinculados a malversación de fondos públicos, peculado o tráfico de influencia se seguirán con la legislación anterior y no se aplicarán las nuevas penas.

En este supuesto están los casos de los ex gobernadores Javier Duarte de Ochoa, quien ya debe estar volando a México extraditado de Guatemala; Roberto Borge, quien está en proceso de extradición luego de ser detenido en Panamá; está pendiente la ficha roja para Cesar Duarte Jáquez; en veremos están los casos de Roberto Sandoval, tras la detención en EU, de su fiscal Édgar Veytia.

También están los asuntos del ex gobernador de Durango, quien tras un pleito político con el queretano, Pancho Domínguez, le leyeron la suerte; en una situación similar está el colimota Mario Anguiano.

La lista sigue creciendo hasta llevar a unos 20 ex gobernadores vinculados a proceso y otros que ya purgan sentencias.

Se espera que la lista aumente, pues las elecciones donde hay relevo de gobernador se están convirtiendo en etapa propicia para el ajuste de cuentas, sobre todo si pierden.

En 2018 habrá elecciones de gobernador en ocho entidades y de jefe de gobierno en la CDMX, por tanto haga usted sus apuestas.

Bandera electorera

A ver, las cruzadas anticorrupción se han convertido en banderas electorales y en casos recientes como los de Veracruz, Chihuahua, Quintana Roo y Nuevo León han tenido frutos.

La lógica sería entonces que los grupos parlamentarios y sus partidos deberían impulsar firmemente el nuevo Sistema Anticorrupción. Pero la negativa de nombrar tanto al Fiscal Anticorrupción como a los magistrados y al Fiscal Federal de la República (hoy Procurador), tiene como única explicación que los partidos no quieren fiscales independientes, sino fiscales a modo. ¿Qué no?

Hay quien sugiere que entre el PRI y PAN pretendieron repartirse el pastel: el Fiscal General para los tricolores y el Fiscal Especial para los panistas. Cuando el río suena.

El tiempo que se tarden los legisladores en completar el marco estructural del Sistema Nacional Anticorrupción tendrá un aparato que funcionará a medias, sin la plenitud legal que le dio la reforma Constitucional.

Y entonces será un Sistema Anticorrupción sin posibilidades de llevar a proceso a servidores públicos bajo la tipificación de nuevos delitos. Tampoco a dirigentes de partido. En casi todos los casos a cargo de la Auditoría Superior de la Federación las sanciones fueron y siguen siendo mínimas y la impunidad, gozando de cabal salud.

Para la memoria

El 15 de noviembre de 2012 el gobierno de @EPN presentó con bombos y platillos lo que se conoció como Ley Federal Anticorrupción; Gustavo Madero negoció e impulsó con otros panistas lo que se convirtió en la propuesta del Sistema Nacional Anticorrupción. El proceso parlamentario iniciado desde febrero de 2014 fue considerado por los panistas como una “victoria cultural” y el discurso fue sistemático: “pongamos a los corruptos en su lugar, la cárcel”… “si no hay castigos, de nada servirán las denuncias”.

Al final de cuentas mucho de esto ha quedado en discurso electorero. Habrá que seguir esperando.

Lo que nadie podrá borrar es este martes negro marcado por los desacuerdos entre el PRI y PAN, aderezada por la actitud pasiva del PVEM y del PRD, y avalada desde la sombra de PT, MC y Morena.

Ilustración: autor Abel Quezada, tomada de Quadratín.

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