Directrices del plan de austeridad de la Suprema Corte para 2019

En 2017 aportó 2 mil 700 millones de pesos para apoyar la reconstrucción por los sismos de ese año

Luis María Aguilar, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)

Los mexicanos reconocemos que nuestro país enfrenta retos profundos en lo económico, en lo político y en lo social.

El Poder Judicial de la Federación no es ajeno a estos retos, por lo que debe plantearse una reorientación en algunas de sus estrategias y acciones que permitan ejercer sus funciones con una mayor eficiencia, eficacia, racionalidad y, particularmente, austeridad, en el ejercicio del gasto público, haciéndolo de manera que con ello no se comprometa la independencia y autonomía de los órganos jurisdiccionales que se constituyen como uno de los pilares fundamentales en la estabilidad democrática del país, mediante la prestación de un servicio público fundamental.

Es por ello que se ha instruido a las unidades administrativas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Consejo de la Judicatura Federal y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para que elaboren los respectivos proyectos de presupuesto de egresos para el ejercicio de dos mil diecinueve que, desde luego, deberán someterse a la aprobación de los Plenos correspondientes, bajo las siguientes directrices:

1. Revisar la política de inversión pública en materia de bienes, servicios y obra, a fin de sólo ejercer recursos públicos en aquellos rubros que sean estrictamente indispensables para garantizar el desarrollo y la continuidad de las funciones constitucionales que tiene encomendadas el Poder Judicial de la Federación, por disposición de la Constitución y de la ley, disminuyendo gastos no prioritarios, como pueden ser: la compra de vehículos, remodelaciones, mobiliario o equipamiento en general, entre otros rubros.
2. Revisar la política en materia de servicios al personal, con el fin de disminuir los gastos en congresos, convenciones, ceremonias, viáticos, subsidios, gasolina, actividades culturales y deportivas, así como apoyos económicos en general, no indispensables para la adecuada impartición de justicia.
3.  Profundizar en la política de racionalidad, disciplina y ahorro que se han instrumentado en los últimos años, que no impidan cumplir con las obligaciones que en la labor sustancial imponen el marco constitucional y legal que rige el servicio de impartición de justicia federal en beneficio de la población.

Al tomar estas acciones, sin comprometer la independencia y autonomía jurisdiccional, se logrará obtener un ahorro importante, que podría ser reorientado conforme a las directrices y valoraciones que hagan los Poderes de la Unión competentes.

Por último, no quiero dejar de mencionar que el Poder Judicial de la Federación, como resultado de reforzar su tradicional política de austeridad y racionalidad del ejercicio del gasto, con ejercicios serios y comprometiéndose con limitaciones que no afecten la correcta impartición de justicia federal, se encuentra en posibilidad de contribuir a las finanzas públicas nacionales –como se ha venido haciendo– mediante no sólo la planeación de presupuestos razonables y adecuados, sino del reintegro a la Tesorería de la Federación de los recursos económicos generados por ahorros y economías presupuestales, una vez cumplidos los objetivos institucionales.

Como se hizo el año pasado –dos mil diecisiete– con motivo de los daños causados por los sismos de septiembre, en el que el Poder Judicial de la Federación, en sus tres entidades, pudo aportar $2’100,000.00 (DOS MIL CIEN MILLONES 00/100 M.N.) para apoyar la reconstrucción de quienes hayan sido afectados por dichos eventos de la naturaleza.

Todo ello, con el propósito de que el Estado Mexicano los oriente a los fines públicos que más convengan al interés nacional –y desde luego– al pueblo de México.