A un año de la Guardia Nacional; sin resultados y sin investigación, sólo discursos

Por Avelino Granados, periodista especializado en temas de seguridad

Con nulos resultados en el combate a la delincuencia, pero sí con mucho discurso, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, celebró este 30 de junio el primer aniversario de la creación de la Guardia Nacional (GN), su principal apuesta para lograr lo que él llama la “pacificación” del país.

Tal vez omisos a la penosa realidad que se vive en nuestro país, invadido por una ola de inseguridad producto del empoderamiento de la delincuencia organizada, los titulares de las secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño; Defensa, Luis Cresencio Sandoval González, y Marina, José Rafael Ojeda Durán, así como el comandante de la GN, Luis Rodríguez Bucio, expusieron lo que para ellos fueron los buenos resultados obtenidos por esta nueva corporación.

Resultados estos consistentes en datos estadísticos sobre aseguramientos de diferentes cantidades de droga, armas y algunos detenidos, la mayoría de ellos, si no es que la totalidad, derivado de acciones de patrullaje y eventos en flagrancia. Nada de relevancia producto de alguna acción contundente que incluyera trabajos de investigación.

El Presidente, por su parte, sin perder la oportunidad de denostar a la otrora Policía Federal, nada nuevo dijo, ante la vana esperanza de que pudiera dar un golpe de timón en el tema de seguridad. Insistió en que su estrategia es la correcta, basada en la Guardia Nacional y los programas de beneficio social.

Por lo visto en este, como en otros temas de interés nacional, cada quien ve su realidad. Mientras el incremento histórico de la incidencia delictiva, principalmente el referente a los homicidios, revela que este año ha llegado a 18,513 casos, el secretario Durazo, cada vez más enfático en su trabajo discursivo, insistió en que las cifras de incidencia criminal indica que la estrategia es la correcta, pues se ha logrado detener la tendencia histórica de crecimiento de los homicidios.

Los discursos triunfalistas de los encargados de la seguridad del país, al parecer, minimizan los hechos sangrientos de los últimos 15 días, como el ocurrido el  20 de junio, cuando un grupo de pistoleros secuestró y asesinó a 12 hombres en Caborca, Sonora, dejando luego sus cadáveres al lado de una carretera, o la masacre en San Mateo del Mar, Oaxaca, ocurrida un día después, cuando 15 integrantes de la comunidad indígena ikoot fueron asesinados, algunos quemados vivos, después de haber sido torturados.

Tres días después, de ese sangriento suceso, en la zona rural de Culiacán fueron ejecutadas 16 personas en dos enfrentamientos. A ello se suma el hallazgo el 26 de junio de 15 cadáveres que fueron arrojados sobre una carretera federal en el municipio de Fresnillo, Zacatecas. Y qué decir de la afrenta que hizo al Estado el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) la madrugada de ese mismo día, al ingresar con sus sicarios armados con potente arsenal hasta la Ciudad de México para atentar contra la vida del secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, dejando una estela de más de 400 disparos en las Lomas de Chapultepec.

Esas son, pues, demostraciones de una salvaje impunidad con la que operan las bandas criminales en el país, mientras la GN festeja un año de vida con sus 96 mil elementos y a la que se insiste en conferirle un carácter civil, cuando es claro el papel determinante que en ella juega el Ejército Mexicano.

Y esa violencia criminal no se puede detener con discursos triunfalistas ni con patrullajes y/o retenes establecidos en diferentes zonas del país. La estrategia de combate a la delincuencia organizada requiere, además, de inteligencia e investigación y de eso, al parecer, adolece esa nueva corporación, aunado al error de mantener a los militares haciendo las labores de seguridad pública.

Independientemente de la corrupción y las amenazas intimidatorias que puedan tener jueces y ministerios públicos, la verdad es que falta de investigación es el resultado de endebles procesos que conducen a la liberación de importantes líderes criminales después de haber sido detenidos.

Los desastres ocurridos en los ahora politizados casos de Culiacán y Guanajuato, son un claro ejemplo de la falta de investigación. En el primer caso, un operativo a cargo de militares, no se contó con órdenes de cateo y aprehensión. De no haber liberado a Ovidio Guzmán por orden presidencial, es seguro que en corto tiempo el capo hubiera salido libre argumentando el indebido proceso.

Peor aún fue el desorden que prevaleció en el operativo de Guanajuato contra José Antonio Yepes Ortíz “El Marro”, líder del cártel de Santa Rosa de Lima. La Sedena anunció que junto con la Guardia Nacional y la Fiscalía del estado realizó un operativo en el que habían detenido a “presuntos integrantes de la delincuencia organizada”. Aunque el objetivo era “El Marro”, éste no fue localizado y detuvieron entonces a su madre, familiares y a otros sujetos. Era de esperarse que, a como se desarrollaron los hechos e independientemente de las amenazas que a través de las redes sociales transmitió el propio Antonio Yepes, todos los detenidos salieran libres posteriormente.

No se puede ingresar a un domicilio sin orden cateo y detener al objetivo sin una orden de aprehensión. Se puede argumentar la flagrancia, pero ésta es difícil de comprobarla cuando se trata del jefe de alguna agrupación criminal. Los militares o los integrantes de la GN no pueden continuar operando de esa manera.

Para eso se requiere de policías especializados en inteligencia y seguridad pública, quienes deben operar bajo la conducción del Ministerio Público. Se trata de efectivos debidamente capacitados e incluso certificados, con capacidades para investigar en el campo; hacer vigilancias y seguimientos con la finalidad de conocer los movimientos del objetivo; cruzar su información con las investigaciones de gabinete hasta lograr la ubicación exacta del presunto, para, de inmediato, solicitar las órdenes de cateo y/o de aprehensión por parte de la autoridad judicial competente. Actuando de esta manera es seguro que ningún caso “se caiga” y se logre la detención de un gran número de líderes criminales que tanta violencia ocasionan al país.

La GN carece de estas cualidades, aunque en el discurso se diga lo contrario. El secretario Durazo no pierde oportunidad en señalar que para “pacificar” el país se enfatizará en la inteligencia con el objetivo de evitar los balazos; y la verdad eso no es así. La inteligencia nada tiene que ver con el uso o no de la fuerza legal cuando esta es necesaria. Ambas se complementan; son dos condiciones necesarias. Se investiga para crear productos de inteligencia que permitan llegar a los objetivos criminales sin que haya margen de error que pudiera permitir su fuga o su posterior liberación.

A un año de su entrada en funciones, tristemente se observa que la Guardia Nacional no ha priorizado en estas condiciones y ha optado por el despliegue nacional a base de patrullajes, de ahí los desastrosos resultados.

Aunque hay que reconocer que ya existía una corporación con áreas especializadas en esos rubros que le habrían llevado años de capacitación, pero desgraciadamente la desaparecieron para iniciar de cero con la institución que ahora encabeza el general Rodríguez Bucio.

Foto de portada: Quadratín.

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