El ineficaz continuismo en seguridad (II Parte)

Avelino Granados, periodista especializado en temas de seguridad

Si bien el cambio de estafeta al frente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) no traerá al parecer cambio alguno en la “estrategia” de seguridad, sí es preocupante la falta de claridad de cómo se operará parar “ganar la paz” en el país -como dice su titular,  Rosa Icela Rodríguez Velázquez-, a base de programas sociales sin enfrentar a la delincuencia organizada, pero sí  pidiendo el apoyo de las madres y los abuelos mexicanos.

El continuismo de dicha estrategia presentada desde el inicio de esta administración, que tiene como principal característica la inoperancia de la fuerzas del orden frente a las bandas criminales, con la esperanza de que los apoyos económicos, por demás clientelares, rindan frutos y se reduzca la violencia, no es buen augurio para la sociedad mexicana que sufre los embates de una delincuencia que opera cada vez con mayor impunidad.

Y lejos de intentar aunque sea un ligero cambio de ruta, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana insiste en maniobrar con discursos triunfalistas y revivir las argucias dichas por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, como aquellos llamados a las madres para que convenzan a sus hijos a que se porten bien. Es que este problema, dijo Rosa Icela Rodríguez, no sólo se atiende con policías, sino que se previene con el consejo de las madres, de los padres, de los abuelos, de las abuelas, de los maestros y maestras en las escuelas.

Claro que la problemática de inseguridad que asola al país requiere de acciones multidisciplinarias, pero no corresponde a la SSPC hacer esos llamados ni poner tales pretextos. Y, en su caso, el mejor apoyo que pueden dar los padres y madres de familia –y la sociedad en general-, es la denuncia, lo demás es competencia de las fuerza del orden a cargo de esta dependencia que tiene como misión armar las estrategias de combate a la delincuencia, aunque, al parecer, la secretaria no lo vea así.

 Los exhortos y acciones para que los padres de familia, las madres, abuelos y abuelas ayuden en el buen comportamiento a la juventud y a la niñez, es responsabilidad de otras instituciones no a la titular de la SSPC. No es su función repetir, nuevamente, los discursos demagógicos del Presidente.

Pudiera ser que ante la clara militarización de la seguridad pública a cargo ahora de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), junto con el remedo civil que es la Guardia Nacional, y ante las labores ahora  burocráticas a la que fue orillada la SSPC, Rodríguez Velázquez tiene nulo margen de acción en ese tema, por lo que su opción es ahora dedicarse sólo al ámbito discursivo.

No obstante, de existir voluntad y propuesta, dicha Secretaría tiene mucho que hacer en el campo del combate a la inseguridad. La titular de esa dependencia bien podría incursionar en el terreno de las policías estatales y municipales, en lugar de mantenerse en el limbo.

Después de la desaparición de la Policía Federal y ante la incursión de los militares en las tareas de la seguridad pública, nadie se preocupa por la profesionalización de los cuerpos policiacos del país; y es ahí donde Rosa Icela Rodríguez podría operar. Incluso ante la imperiosa necesidad de fortalecer esas corporaciones, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, como cabeza de sector, tiene la obligación de hacerlo.

La realidad es que a dos años de que inició sus operaciones la Guardia Nacional, no se han visto los resultados esperados, dada la falta de oficio policial de sus elementos, quienes sustentan sus actividades con acciones preventivas, patrullajes y detenciones o decomisos en flagrancia.

Por tanto, es urgente apoyar a los cuerpos policiales y buscar alternativas para profesionalizar a los aproximadamente 340 mil policías estatales y municipales que operan en el país, considerando sobre todo que la mayor parte de esos elementos tienen que enfrentar al crimen común y organizado con bajos salarios, armamento obsoleto y una mediocre capacitación, en el mejor de los casos.

Además, de acuerdo con el INEGI, 40 por ciento de los policías estatales percibe un salario mensual inferior a los diez mil pesos. Y entre esos agentes con sueldos bajos, hay aproximadamente 11 mil cuyo salario mensual no rebasa ni los cinco mil pesos. Y no se diga entonces los policías municipales. 

Según el INEGI, poco más de 11 mil policías estatales, la décima parte del total, tuvo una capacitación certificada en el 2019 en materia de “primer respondiente”, que implica prepararlos en cómo atender un delito en flagrancia o cómo acordonar una escena del crimen. Incluso, solo 6 mil 940 policías fueron preparados y certificados en cuanto al uso legítimo de la fuerza.

En esas condiciones, cómo exigirles que enfrenten a los cada vez más poderosos y sanguinarios cárteles del crimen organizado, cuya impunidad con la que actúan les permite realizar masacres y ejecuciones masivas,  como las suscitadas recientemente entre los límites de Nuevo León y Tamaulipas, donde 19 cuerpos baleados y calcinados quedaron en las cajas de tres camionetas.

Aunque en su segundo informe de gobierno el Presidente López Obrador haya asegurado enfático con esa retórica que le caracteriza, que en México ya no hay masacres, ahí quedaron esas macabras imágenes como ejemplo de lo que son capaces de hacer los criminales. Una realidad que no se puede ocultar, reflejada en los 19 cuerpos mutilados y quemados, la mayoría de ellos, al parecer, migrantes centroamericanos.

Sin embargo, con la propuesta de “ganar la paz”, sin aclarar cómo ni a qué refiere esa acción, la encargada de coordinar la seguridad del país insistió en que seguirá la línea marcada por el Primer Mandatario, sustentada en repartir dinero directamente a “los más necesitados” a base de programas clientelares, sin programas productivos que redunden en mayor crecimiento económico para el país ni aporten gran cosa en el combate al crimen organizado.

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