Buendía: el reclamo de la memoria y por qué estamos como estamos // advertencias en 1984

Carlos Ramírez, periodista y director de Indicador Político.

A la memoria de Carlos Miguel Salomón Fautsch y abrazo fraternal a Carlos Salomon Cámara.

El promovido documental sobre la vida del columnista Manuel Buendía confundió a los espectadores y dejó algunos sabores nada agradables de exoneración de funcionarios de Gobernación en el sexenio del presidente Miguel de la Madrid. Sin embargo, ayudó a refrescar la memoria para seguir insistiendo en qué el asesinato del periodista el 30 de mayo de 1984 marcó el inicio de la crisis de seguridad que responsabiliza al sector público de los saldos negativos.

De manera independiente al hecho de que es difícil –aunque no imposible– fincar conclusiones periciales de responsabilidades criminales a través de una investigación periodística, el documental recordó qué Buendía había comentado en su columna un desplegado de los obispos del Pacífico Sur denunciando la irrupción del narcotráfico y cooptando campesinos y funcionarios para dar inicio a los que fue la ola de descomposición de los cuerpos gubernamentales de seguridad y sus funciones al servicio de los primeros cárteles del narco.

A treinta y siete años de distancia y siete presidentes de la República, la crisis de seguridad se ha agravado y el involucramiento de autoridades municipales estatales y federales ha crecido a niveles alarmantes. El asesinato de Buendía fue un detonador que llamó la atención hacia conductas criminales que involucraban a un periodista que en el momento de su muerte estaba investigando alianzas de funcionarios del área de seguridad de la Secretaría de Gobernación, cuyo titular era Manuel Bartlett Díaz, con las bandas primarias de mariguaneros. En 1985 se supo que el capo Rafael Caro Quintero portaba una credencial válida y oficial como agente de la Dirección Federal de Seguridad de Gobernación, aunque con otro nombre; esas credenciales fueron solicitadas por la Procuraduría General de la República, cuyo titular era Sergio García Ramírez, para incorporarlas al expediente pericial, pero al final desaparecieron borrando pistas de la alianza narcos-Gobernación.

El asesinato de Buendía se dio previo al incidente que reventó las complicidades funcionarios-narcos: el secuestro, tortura y asesinato del agente de la DEA Enrique Camarena Salazar en febrero de 1985, provocando una inusitada ola de presiones políticas del gobierno de Estados Unidos con denuncias de que el narco responsable directo del incidente estaba protegido por autoridades de la policía política de Gobernación.

El director de la Dirección Federal de Seguridad era José Antonio Zorrilla Pérez, quién había sido señalado sin pruebas como responsable del asesinato de Buendía. Zorrilla había sido secretario particular de Fernando Gutiérrez Barrios en la DFS, pero su posición como director había sido a propuesta de Bartlett Díaz. Inclusive, Bartlett comisionó de manera directa a Zorrilla como jefe de la investigación del asesinato de Buendía. En 1985 Zorrilla fue obligado a renunciar a la policía, apareció en las listas de diputado local por Hidalgo con la promesa de catapultarlo a la gubernatura, después renunció a esa nominación, estuvo en la clandestinidad y en 1989 fue arrestado por el gobierno de Carlos Salinas de Gortari como responsable del asesinato de Buendía.

Una revisión de los expedientes de entonces revela que Zorrilla acumulaba más evidencias de estar protegiendo al narco que responsabilidad alguna en el asesinato del columnista. En una estridente campaña de medios, en 1985 el embajador estadounidense John Gavin emprendió una campaña de denuncia contra Zorrilla por los datos de alianzas con el narco, aunque algunas filtraciones periodísticas de entonces revelaban que Zorrilla como jefe de la policía política había roto relaciones con la CIA estadounidense y se había refugiado bajo la protección de la policía política de Alemania comunista, la temible STASI.

Zorrilla purgó veinticinco años de prisión por el asesinato de Buendía, pero no hubo ninguna investigación sobre sus vinculaciones con el narcotráfico y la protección que la DFS daba a los cargamentos de mariguana rumbo a EE. UU. De 1984 a la fecha, la vinculación de autoridades de seguridad protegiendo al narcotráfico y al crimen organizado han crecido en evidencias probatorias y constituyen el punto central de la crisis actual de seguridad interior.

Buendía dio el aviso en 1984 y fue asesinado en lugar de atendido.

Advertencias de Buendía en 1984, aún vigentes

A treinta y siete años de distancia, la denuncia del columnista Manuel Buendía no fue atendida por la estructura gubernamental y social de seguridad y por eso la crisis en ese sector exhibe los conflictos de la acumulación de problemas. El columnista de Excélsior había revelado que el auge del narcotráfico se debía a la protección dada a las bandas por funcionarios.

A continuación los párrafos más importantes de la columna de Buendía publicada el 14 de mayo de 1984 dos semanas antes de su asesinato para callarlo:

“El procurador general de la República y el secretario de la Defensa no deberían ignorar por más tiempo la advertencia que hicieron desde marzo los nueve obispos del Pacífico Sur, respecto al significado político que puede tener el incremento del narcotráfico en nuestro país, específicamente en los estados de Oaxaca y Chiapas.

“Tal como lo plantean –y como se desprende también de otras informaciones–, este asunto involucra la seguridad nacional.

“Los nueve dirigentes eclesiásticos coinciden con lo que saben otros observadores. Dicen que en este sucio negocio ‘existe la complicidad, directa o indirecta, de altos funcionarios públicos a nivel estatal y federal’.

“Pero principalmente afirman que con el narcotráfico puede quedar comprometida la imagen exterior de México, ‘si como país, damos cabida a mafias internacionales, que van a terminar por inmiscuirse en nuestros asuntos patrios’.

“Esto, el peligro de una ‘interferencia extranjera’, es subrayado por los obispos, que no hacen más que recoger las preocupaciones de sectores sociales: ‘Tenemos el temor, no infundado, de que en México llegue a suceder lo que en otros países hermanos, donde estas redes de narcotraficantes han llegado a tener influencia política decisiva’.

“La lista de estos países en donde los narcotraficantes han tenido ‘decisiva influencia política’, incluye no solo a Italia, sino a otros cercanos a nosotros geográficamente, y ligados por una complicada urdimbre de relaciones.

Bolivia y Colombia son dos de estos países. Colombia se halla actualmente bajo estado de sitio después del asesinato del ministerio de justicia, liquidado por la omnipotente asociación de traficantes de drogas. Nadie ignora como en esos dos países los estupefacientes y la política han ido muchas veces de la mano.

“Pero es en Estados Unidos donde se da el fenómeno más peligroso no solo para su propia sociedad sino para los países del continente, especialmente México. El contubernio de políticos y miembros del crimen organizado –que incluye el comercio clandestino de enervantes– es cosa vieja en el esquema norteamericano, y un pilar para la ampliación constante del mercado, que estimula en otros territorios, como el nuestro, la producción.

“La denuncia de los nueve obispos no parece exagerada al decir que existe para México el peligro de la interferencia extranjera en nuestros ‘asuntos patrios’ por la vía de las mafias internacionales. Más bien se quedaron cortos. Ellos debieron haber señalado que en México ya se dio el caso de que ciertos hechos políticos, en el pasado inmediato, fueran marcados por la influencia de un notorio traficante de narcóticos.

“La corrupción, que es un fenómeno esencialmente político, fue incrementada durante el sexenio pasado, en una medida de realidad incontrastable, por los intereses de ese traficante que ejerció su actividad casi a la luz pública.

“Pero se puede hablar de hechos más concretos. Por la cercanía que tuvo con el Presidente de la República, Arturo Durazo Moreno influyó en decisiones del gobierno como la represión contra supuestos enemigos, y también en algunos aspectos importantes de la información; o en la conducta de no pocos dirigentes sociales y de funcionarios que literalmente dependían de él para su provisión de enervantes o para el mantenimiento de sus equipos de ‘seguridad’.

“Dejó tan permeados los círculos oficiales Durazo Moreno, que el nuevo gobierno parece haber desistido ya de traerlo para que responda por una variedad de acusaciones penales. El miedo a su sola presencia en el país, prácticamente ha paralizado los esfuerzos para localizarlo y aprehenderlo.

(…)

“Pero con Durazo o no, la mafia internacional del narcotráfico ha incrementado evidentemente sus actividades en México, de 1982 a la fecha. Y esto, como señalan los nueve obispos, no se puede lograr sin complicidades internas”.

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