Epidemias modernas

La subcultura de la simulación no nos ha abandonado.

Un caso es el del extitular de Hacienda Francisco Gil Díaz, quien hoy está involucrado en un conflicto ético, que por cualquier lado que se le vea no hay manera de justificarlo.

Tras un repentino cambio de camiseta, Gil aceptó dirigir una empresa privada. Eso sería lo de menos si no se hubiera conocido el dato de que pudo haberla beneficiado con un cambio de régimen de tributación, cuando él era funcionario.

Alguien tiene que darle claridad a lo ocurrido. ¿Es autónomo el SAT para irse por la libre y otorgarle a una empresa extranjera el beneficio de la tasa cero, cuando las demás pagan el 15 por ciento de IVA? Esto ocurrió en septiembre de 2006, dos meses antes de que terminara el sexenio de Vicente Fox. El SAT debería dar una respuesta cabal de lo que ocurrió. Pero hay un misterioso silencio. Se echan la pelotita. ¿Dónde está Carstens? ¿Teme ir contra su exjefe?

Ya se sabe que si el SAT gana el juicio, Francisco Gil amparará a Telefónica. Eso sin contar con la expectativa de otro juicio contra la Secretaría de Hacienda para la devolución de impuestos. O sea, negocio redondo.

Alguien tiene que explicar hasta dónde se está usando el cruce de información privilegiada para beneficio personal. Por eso en otro momento se planteó la conveniencia de impulsar la Ley antiDiego, pero hay resistencias para acabar con la opacidad. ¿Estará Gil buscando amparar también a Telefónica del IETU? Sería el colmo.

Contaminados

Otro caso es el de Fernando Sánchez Ugarte, uno de los diseñadores y promotores del controvertido Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU).

Sánchez Ugarte decidió cambiar de camiseta y dejar la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Hacienda, donde estaba encargado de definir y proponer las políticas fiscal, de precios y tarifas, de comercio exterior, aduanera, de coordinación fiscal y la de estímulos fiscales para el desarrollo de la economía nacional. Una de las primeras medidas que tomó Sánchez Ugarte fue la de amparar a la empresa que dirige, Grupo Transportación Marítima Mexicana, en contra del impuesto que promovió y ayudó a diseñar.

El 15 de enero se fue a TMM y el 15 de marzo ya estaba en los juzgados.
De acuerdo con la ley de responsabilidades de los servidores públicos, no hay contradicción en que un exfuncionario se vaya al sector privado, sobre todo si como dicen nada tiene que ver TMM con las actividades que desarrollaba, pero el caso de que amparó a una empresa de un impuesto literalmente impuesto a los mexicanos, no se vale.

Jesús Sánchez Martínez (Recuento Político / EL FINANCIERO)