En la ONU, México da voz al uso médico y científico de la mariguana
|En Nueva York, el presidente Enrique Peña Nieto presenta un decálogo de propuestas ante el problema mundial de las drogas, y reconoce que México ha pagado altos costos de vidas.
El prohibicionismo no ha dado resultados y se ha criminalizado a los consumidores
En su intervención ante el máximo foro mundial en este terreno, Peña Nieto este admite que ha tomado en cuenta las voces que se pronuncian por el uso medicinal y científico de la mariguana. Esta misma semana el gobierno mexicano hará un importante anuncio en este sentido.
Durante la Sesión Especial de la ONU sobre el Problema Mundial de las Drogas, el mandatario mexicano ofreció un diagnóstico sobre este problema y formuló las propuestas que aquí se citan.
Primero. El problema mundial de las drogas exige que la comunidad internacional refrende el principio de responsabilidad común y compartida, mediante una cooperación internacional más intensa y efectiva.
En un mundo globalizado, las drogas son también un asunto globalizado, que incumbe a todas las naciones.
Ningún país puede, por sí solo, hacer frente a este flagelo.
Es más, la divergencia entre las políticas públicas de cada nación dificulta la cooperación y la obtención de resultados.
Por ello, se requieren consensos globales, o al menos hemisféricos, para atender el problema de las drogas con eficacia.
Segundo. Es necesario reforzar el frente común ante la delincuencia organizada transnacional, para cerrar espacios a sus operaciones financieras y delitos conexos.
Hay que intensificar la cooperación entre nuestros gobiernos y ampliar el intercambio de información y acciones conjuntas para desmantelar las organizaciones delincuenciales.
Tercero. Se requiere de una mayor coordinación y colaboración entre las propias agencias especializadas del Sistema de las Naciones Unidas, con el fin de abordar todos los aspectos del problema mundial de las drogas.
A través de sus distintos mandatos y una mayor interacción entre ellas, agencias como la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, ONU Mujeres y la Organización Mundial de la Salud, deben apoyar a los Estados miembros en la aplicación de mejores estrategias, políticas y programas contra las drogas.
Cuarto. Las políticas públicas y acciones derivadas de la política internacional sobre las drogas deben de estar alineadas con los esfuerzos en favor del desarrollo sostenible de la Agenda 2030.
Los objetivos de desarrollo sostenible y los encaminados a resolver el problema mundial de las drogas, deben ser complementarios y reforzarse entre sí.
Quinto. Se deben atender los daños sociales relacionados con el mercado ilícito de drogas. Para aquellas comunidades vulneradas por el crimen organizado, se necesita una prevención integral de la violencia, de la exclusión y del debilitamiento del tejido social.
Hay que apoyar a las comunidades afectadas con alternativas educativas, laborales y recreativas, que fortalezcan la inclusión y la cohesión social.
En especial, se deben crear alternativas productivas en aquellas localidades donde se siembran estupefacientes. Por ejemplo, con la reconversión de cultivos y esquemas internacionales de agricultura por contrato.
Sexto. Ante las limitaciones del paradigma prohibicionista, se debe atender el tema mundial de las drogas desde la perspectiva de los derechos humanos. Sólo así podremos ofrecer respuestas más integrales, equilibradas y promotoras del desarrollo.
Este cambio de fondo implica modificar el enfoque eminentemente sancionador, para ubicar a las personas, sus derechos, y su dignidad, no a las sustancias, ni a los procesos judiciales, en el centro de nuestros esfuerzos.
Séptimo. El consumo de drogas debe atenderse esencialmente como un problema de salud pública, toda vez que constituye una amenaza para el desarrollo pleno de las personas, especialmente de nuestros niños y jóvenes.
La adicción a las drogas debe atenderse con mecanismos de prevención y soluciones terapéuticas integrales, no con instrumentos penales, que criminalizan a los consumidores y dañan el desarrollo de su personalidad.
Octavo. En los delitos relacionados con las drogas se deben privilegiar penas proporcionales y alternativas al encarcelamiento, que incorporen también una perspectiva de género.
Las sanciones desproporcionadas, que castigan a mujeres y niños en condiciones de vulnerabilidad, lejos de resolver un problema, generan círculos viciosos de marginación y criminalidad.
Además, deben brindarse servicios de tratamiento, educación, rehabilitación y reinserción social a la población en reclusión.
Noveno. Se deben sumar esfuerzos internacionales para prevenir el consumo de drogas, mediante una campaña orientada a niños y jóvenes a nivel global.
Debemos proteger a los miembros más vulnerables de nuestras sociedades, garantizando que conozcan los efectos nocivos, asociados al consumo de estupefacientes y psicotrópicos.
Y décimo. Se debe asegurar la disponibilidad y un mejor acceso de las sustancias controladas para fines médicos y científicos, evitando, al mismo tiempo, su desviación, uso indebido y tráfico.
Esta propuesta se deriva del amplio Debate Nacional sobre el Uso de la Marihuana al que convocó el Gobierno de México, con expertos, académicos y representantes de la sociedad civil.
Como Presidente de México, en esta Sesión Especial, doy voz a quienes ahí expresaron la necesidad de actualizar el marco normativo, para autorizar el uso de la marihuana con fines médicos y científicos.
Los participantes de aquellos foros, también expusieron la importancia de elevar, en congruencia con estándares internacionales, la cantidad de marihuana que puede ser considerada para uso personal, con la finalidad de no criminalizar a los consumidores.
En próximos días, el Gobierno de México expondrá las acciones específicas que se tomarán en esta dirección, en apego a los principios de salud pública y derechos humanos, que hemos propuesto en esta Sesión Especial.
Por eso, desde aquí, desde la máxima tribuna de la comunidad internacional, expreso mi reconocimiento a los especialistas, académicos y representantes de la sociedad civil que han aportado ideas y dirección hacia un nuevo consenso.
El diagnóstico, punto de vista de México sobre las drogas
A continuación la exposición del mandatario mexicano en la que ofrece un diagnóstico sobre el problema de las drogas:
La Organización de las Naciones Unidas es el máximo foro para afrontar y superar los desafíos globales de nuestro tiempo.
Por ello, en 2012, Colombia, Guatemala y México solicitaron convocar a esta Sesión Especial de la Asamblea General sobre el Problema Mundial de las Drogas.
El objetivo es revisar la actual estrategia internacional y, sobre todo, definir mejores soluciones, desde una perspectiva de derechos humanos, prevención y salud pública, que ponga en el centro el bienestar de las personas.
Es innegable, en los años recientes los términos en el debate, han cambiado. Comienza a surgir un consenso en favor de una reforma significativa del régimen internacional sobre las drogas.
Se vislumbra un nuevo enfoque que combata decididamente a los criminales, pero que, en lugar de criminalizar a los consumidores, les dé oportunidades y alternativas.
Con firmeza, debemos continuar haciendo lo que ha funcionado. Con flexibilidad, debemos cambiar aquello que no ha dado resultados.
El esquema basado esencialmente en el prohibicionismo, la llamada guerra contra las drogas, que inició en los años 70, no han logrado inhibir la producción, el tráfico, ni el consumo de drogas en el mundo.
El narcotráfico sigue siendo una de las actividades más lucrativas del crimen organizado y un factor decisivo para su expansión transnacional.
Inevitablemente, el negocio ilegal de estupefacientes ha generado muerte y violencia, principalmente en los países productores y de tránsito.
Durante décadas, México ha sido una de las naciones más comprometidas contra el problema de las drogas.
Mi país forma parte de las naciones que han pagado un alto precio, un precio excesivo, en términos de tranquilidad, sufrimiento y vidas humanas; vidas de niños, jóvenes, mujeres y adultos.
Como pocos, conocemos las limitaciones y las dolorosas implicaciones del paradigma eminentemente prohibicionista.
Por eso, durante mi Administración se ha buscado atender el fenómeno de las drogas de una forma más integral, con una estrategia que evita generar mayor violencia y en la que prácticamente participan todas las Secretarías del Gobierno de México.
Para reducir la oferta de drogas, se ha hecho frente al crimen organizado, con una mejor coordinación entre autoridades, el uso de sistemas de inteligencia y la desarticulación de sus estructuras operativas y financieras.
Con ello, hemos logrado la detención de los principales líderes criminales y se ha acotado la violencia a regiones específicas del país, con una consecuente reducción en las tasas de incidencia delictiva.
Además, a través del uso de tecnología e información, estamos localizando, identificando y destruyendo sembradíos y laboratorios de droga.
A su vez, para reducir la demanda nacional, hemos reforzado las acciones de prevención entre niños y jóvenes, así como el tratamiento de adicciones.
Este esquema se ha complementado con la prevención social de la violencia y la delincuencia en comunidades vulnerables.
Sin embargo, a pesar de los esfuerzos realizados y los resultados alcanzados, no estamos totalmente libres de la amenaza criminal, mientras siga existiendo una creciente demanda internacional de estupefacientes.
Bajo el paradigma actual, es necesario que los países consumidores asuman un mayor compromiso, tanto en la reducción de su demanda, como en la lucha contra el crimen organizado transnacional.
La escala, sofisticación y poder corruptor de los grupos criminales, también están presentes en y dentro de las propias fronteras de los países consumidores, donde ocurre la venta final.
Fotos: Presidencia de la República y Quadratín