Insuficientes las medidas de austeridad en el Congreso Federal: Integralia

• Austeridad anunciada en la Cámara de Diputados equivaldría a 1.7% de su presupuesto.
• Si se redujeran las asignaciones a grupos parlamentarios, se ahorrarían recursos cuantiosos y se combatiría la opacidad y discrecionalidad.
• Necesario reducir el personal de ambas cámaras. 

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Ambas cámaras del Congreso de la Unión han propuesto planes de austeridad. La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados anunció seis medidas, entre ellas eliminar el “bono navideño”, la restricción de viajes internacionales y la cancelación de las prestaciones para telefonía, vales de gasolina y reducción de 25% al gasto en alimentos.

La Cámara de Senadores propuso 30 acciones con dos ejes principales: la política de “crecimiento cero” de gastos, evitando contrataciones de personal en 2017; y disminuir en 10% algunos rubros como las contrataciones bajo el régimen de honorarios, asesorías, consultorías e investigaciones, comunicación social, consumo de combustible, viáticos y pasajes de avión.

Ninguno de los dos planes de austeridad representa un ahorro significativo. En el caso de Diputados, los ajustes ahorrarían —según Marko Cortés, coordinador parlamentario del PAN— aproximadamente 130 millones de pesos, es decir, 1.7% del presupuesto de 2017 que asciende a 7,629 millones de pesos.[1] El bono de 150 mil pesos dado a cada uno de los diputados a fines de 2016 sumó 75 millones, más de la mitad del ahorro propuesto. En el caso del Senado no hay una meta numérica de ahorro.

No se ajustan las asignaciones a los grupos parlamentarios

Las asignaciones son partidas discrecionales que se otorgan a los grupos parlamentarios para “apoyar el desarrollo de sus actividades legislativas, así como las actividades complementarias y de gestoría” de los legisladores y se conocen como prerrogativas. Aunque la Auditoría Superior de la Federación ha señalado la falta de transparencia y control sobre estos montos, el Congreso mexicano sigue manejando dichos fondos con opacidad, incumpliendo el mandato de la Ley General de Transparencia.

Durante el primer año de esta Legislatura (septiembre 2015 – agosto 2016), las asignaciones en la Cámara de Diputados ascendieron a 1,166 millones de pesos.[2] En el caso de la Cámara de Senadores la opacidad impide conocer los montos erogados en 2016. La información más reciente data del periodo enero–junio de 2015, cuando las asignaciones a grupos parlamentarios ascendieron a 527 millones de pesos, lo que anualizado daría una cifra mayor a los mil millones de pesos. Ello significa que la suma de prerrogativas a grupos parlamentarios de ambas cámaras arroja una cifra anual superior a los 2,100 millones de pesos, con base en la información más reciente que se conoce.

Si las prerrogativas de los grupos parlamentarios se redujeran, el ahorro sería significativo. En el caso de la Cámara de Diputados, cada reducción de 10% significaría un ahorro de 116 millones de pesos, cifra semejante para el Senado.

Las asignaciones carecen de una justificación clara de su uso. Como el Congreso persiste en la práctica de no publicar su comprobación, se pueden usar para diversos fines, entre ellos pagar asesorías, retribuir la disciplina de los legisladores, financiar clientelas políticas o canalizarlo a campañas electorales. Siendo discrecional su uso, podrían también destinarse para fines personales. Cabe señalar que la mayoría de los legisladores desconocen la información precisa de cuánto recibe cada grupo parlamentario y en qué se ejercen parte o la totalidad de las prerrogativas.

Recomendaciones:

1. Reducir las asignaciones a grupos parlamentarios y revisar su uso y destino. Cumplir plenamente con la Ley General de Transparencia que obliga a publicar montos, uso y destino por grupo parlamentario.
2. Reducir el número de personal que labora en ambas cámaras del Congreso. Para ello es necesario contar con información clara y transparente de cuánto personal labora en cada una de ellas y cómo se distribuye entre las distintas áreas. Reducir el personal discrecionalmente y sin previo análisis no contribuye a un funcionamiento profesional del poder legislativo.
3. Cumplir el artículo 13º transitorio de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública que obliga a las cámaras a su reorganización administrativa para cumplir con dicha normatividad. Aunque ha habido avances, el hecho es que hasta hoy sigue habiendo opacidad en el manejo de los recursos presupuestarios y opacidad en el uso y comprobación de las subvenciones.

[1] Nota 5608, Comunicación Social de la Cámara de Diputados, 17 de enero de 2017.

[2] Informes de asignación y destino final de los recursos asignados a los grupos parlamentarios, disponibles en Gaceta Parlamentaria.