Congela el Senado la fiscalía anticorrupción
|Los grupos parlamentarios en el Senado no tienen excusa, son responsables de que se incumplan las reglas que ellos mismos aprobaron.
Y luego se quejan de que los niveles de confianza en los legisladores y los partidos se han desplomado.
El próximo 19 de julio, por ley, será formal el arranque del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), pero lamentablemente lo hará sin el Fiscal anticorrupción y los magistrados correspondientes, porque l@s señor@s legisladores no se esforzaron en cumplir con sus obligaciones. Simplemente se han hecho güajes, por decirlo de manera elegante.
En qué cabeza cabe, preguntaría el clásico, que un tema largamente debatido y por el que todos los representantes de los partidos y sus bancadas en el Congreso se han desgarrado las vestiduras, quede atrapado en la indefinición por intereses político-electorales.
Y nos referimos a las fuerzas con mayor peso en el Senado, incluidos PRI, PAN y PRD, unos por bloquear y otros por no hacer lo suficiente para establecer acuerdos y cumplir con sus obligaciones. Y los chiquitos por hacer como que no tienen vela en el entierro.
Lo más grave de esta triste historia, es que la integración del Sistema Nacional Anticorrupción ha debido sortear muchos obstáculos.
El Consejo Ciudadano del SNA –que encabeza Jacqueline Peschard-, ha cumplido con su tarea, entre otras la de elegir con apego a la ley al Secretario Técnico, Ricardo Salgado Perillat. Sin instalaciones para desempeñar sus funciones y con un presupuesto de risa, los integrantes del SNA se han tomado muy en serio su trabajo y pese a los obstáculos y desacuerdos en el Senado, están listos para iniciar sus funciones.
Pero lo harán sin el Fiscal Especial Anticorrupción pese a que los senadores han realizado varios concursos que han resultado una simulación. Tampoco se ha concretado la transformación de la PGR en la Fiscalía General de la República, aunque le hayan puesto candados a Raúl Cervantes.
El tema no es menor y tampoco los legisladores pueden esconderse en la impunidad que tanto critican.
Desde diferentes frentes intereses oscuros le han colocado piedras en el camino al SNA.
El Sistema Nacional Anticorrupción iniciará funciones aún sin el Fiscal Especial –papel que hoy cubre la PGR-, pero lo que debe quedar claro es que han sido los propios legisladores los responsables de congelar la agenda legislativa.
Los legisladores pueden irse a jalar changos de la cola, ya nadie cree en sus justificaciones. ¿Cómo la ven?
Tarjetazos de Melita Peláez
1.- Los gobernadores comienzan a asumir la parte que les toca.
En Acapulco, Guerrero, el presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO), Miguel Ángel Mancera, supervisará el arranque del Operativo “Fuerza CONAGO” en el que distintas corporaciones de seguridad de la CDMX, Guerrero, Hidalgo y Puebla se coordinarán para combatir en primera instancia los delitos del robo de vehículos y autopartes.
Este operativo será modelo para aplicarse en otras ciudades del país con altos niveles de inseguridad. En esta primera parte coincidirá Mancera con los gobernadores Héctor Astudillo y Omar Fayad.
–¿Y la Ley de Seguridad Interior y la regulación de la Policía Única o Mixta?
–En la congeladora del Congreso, apá.
2.- Será Ley El Abogado en tu casa
Luego de dos años de aplicarse en la CDMX, la Asamblea Legislativa capitalina le dará rango de ley al programa El Abogado en tu casa. La diputada Elizabeth Mateos, principal promotora de la iniciativa, informó que se han contabilizado un total de 20 mil visitas a hogares en 10 delegaciones de la CDMX, además se han recibido 16 mil solicitudes y gestionado 100 mil actas de nacimiento extemporáneas, además de 5 mil apoyos legales mensuales.
Mateos indicó que no se tienen cifras precisas de cuántas personas en la CDMX carecen de acta de nacimiento, pero se tiene registro de que 51 por ciento de viviendas no tiene escrituras, 85 por ciento de habitantes no cuenta con testamento y únicamente 2 por ciento de la población tiene acceso a un abogado.
Dado el éxito de El Abogado en tu casa, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) tiene interés en replicar el programa en países de América Latina, con el propósito de contribuir a la identidad jurídica de las personas.