La Guardia Nacional y el enfoque ingenuo sobre los enemigos del Estado. (Partes I, II, III y IV)

Por Carlos Ramírez, periodista, director de Indicador Político

I.

La Guardia, ineficaz; la clave de seguridad está en la inteligencia

Los debates sobre la configuración real y formal de la Guardia Nacional servirán para la construcción de otro cuerpo operativo contra la inseguridad; sin embargo, la clave para abatir al crimen organizado y desorganizado se encuentra en un territorio abandonado por el Estado o usado para menesteres políticos de facciones: la inteligencia como acopio y procesamiento de información.

El error de todos los gobiernos posteriores a la crisis del 68 e incluyendo al de López Obrador consiste en el enfoque ingenuo sobre los enemigos del Estado: sólo el pueblo salva al pueblo; pero el pueblo, sin el dominio ideológico de los valores sociales de la Revolución Mexicana, se volvió mezquino, para decir lo menos.

El Estado debe seguir siendo el factor de equilibrio social, pero al mismo tiempo prepararse para combatir a organizaciones sin reglas ni escrúpulos en todos los niveles de la criminalidad. La ofensiva contra los huachicoleros es un ejemplo: el gobierno cerró la válvula del producto, pero afectó a la sociedad consumidora de gasolinas y de paso no se ha decidido a procesar a las decenas de bandas y sus protectores políticos y económicos. La razón: el gobierno desconoce esa organización criminal como estructura de poder.

La Guardia Nacional debe ser una cuarta parte de la estructura de seguridad del Estado; otras dos son igualmente importantes: la estructura militar operativa y la estructura civil-política; pero la cuarta es decisiva: la inteligencia como acopio y procesamiento de información criminal, civil y política de los adversarios o enemigos del Estado.

La estrategia de seguridad de López Obrador se ha centrado en la GN y cometió el error de someterla a consenso social y legislativo donde predomina una mayoría anti sistema y anti Estado. Salga lo que salga esta semana en la Cámara de Diputados sobre la GN, la estructura de la Guardia estará acotada por los remiendos.

La única posibilidad de que el gobierno lopezobradorista logre abatir al crimen organizado y desorganizado será con una estructura de inteligencia. El Centro de Información y Seguridad Nacional (CISEN) fue un organismo maldito del gobierno, todos lo usaban y nadie le daba su utilidad real. El gobierno de López Obrador lo desmanteló y lo redujo a Centro Nacional de Inteligencia (CNI) adscrito a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, o sea, a labores policiacas.

Las organizaciones criminales organizadas y desorganizadas son bandas que luchan contra el Estado. Y en el caso de los huachicoleros, el CNI retrocedió del espacio político de Gobernación al policiaco de la Secretaría de Seguridad y se le entregó al general Audomaro Martínez Zapata, un militar ya distante de las doctrinas de seguridad del ejército y del Estado y sometido al control del presidente López Obrador. Su principal contradicción radica en asumir las tareas del CISEN-Gobernación para la seguridad del Estado, pero como CNI-SSPC para acotadas tareas de seguridad pública.

La nueva política de seguridad carece de una estructura de centralización de políticas y decisiones. Es decir, se trata de una estrategia que no es estrategia.

En el fondo, la crisis de seguridad, el debilitamiento del Estado, la complicidad institucional con las bandas criminales, los acotamientos a la respuesta gubernamental de seguridad y los miedos a efectos colaterales civiles han creado limitaciones a la política gubernamental de seguridad y han beneficiado a los criminales.

A México le llegó la hora de profesionalizar su seguridad. Hace falta un Consejo de Seguridad Nacional, una Agencia Central de Inteligencia, una Agencia de Seguridad Nacional y, sobre todo, como en los EE. UU., una Dirección Nacional de Inteligencia que coordina a las 17 oficinas civiles y militares que conforman la oficialmente conocida comunidad de inteligencia.

En México existen varias oficinas de inteligencia: la militar, la naval, la aérea, la policiaca, la política y la financiera, pero persiste la carencia de una oficina que centralice la información. Todos los presidentes le han tenido miedo a la centralización de las labores de inteligencia, pero esos temores han llevado a la ausencia de información para la seguridad del Estado. La inteligencia política de Gobernación fue destruida por Manuel Bartlett como secretario de Gobernación, cuando la Federal de Seguridad se vio involucrada en el asesinato del columnista Manuel Buendía y, sobre todo, cuando sus jefes aparecieron protegiendo a los primeros cárteles del narcotráfico con credenciales de la DFS firmadas por el propio secretario de Gobernación.

De poco servirá la GN como Frankenstein civil-militar si no va acompañado de un servicio de inteligencia articulado. La actual Policía Federal y la Gendarmería han demostrado su incapacidad por quedarse en lo operativo por tener servicios ineficaces de inteligencia. Sin inteligencia, la GN será otra policía grandotota.

Política para dummies: La política es inteligencia como reflexión, pero es más inteligencia como acopio de información privilegiada.

II.

Sin ley de seguridad interior, el Plan de Paz de AMLO fracasará

Los militares fueron llamados a labores de apoyo a la seguridad pública en diciembre de 2006 cuando los civiles habían fracasado: policías, jueces, funcionarios de los tres niveles y hasta medios formaban parte de la estructura de poder del crimen organizado. López Obrador afirmó primero que los militares regresarían a sus cuarteles y luego propuso la formalización de la participación militar en seguridad pública.

La iniciativa lopezobradorista para la creación de una Guardia Nacional con efectivos y mandos militares se aprobó en las comisiones legislativas y se desaprobó en las audiencias públicas. Estas vacilaciones gubernamentales responden a la falta de una doctrina de seguridad del Estado que debiera ser el principio rector de los gobiernos. El movimiento estudiantil del 68 demostró la disminución de la legitimidad del Estado, sin espacios de apertura democrática para la disidencia y la oposición.

El procedimiento de participación de las fuerzas armadas en labores de apoyo a la seguridad pública (Calderón y Peña Nieto) y ahora con López Obrador se ha hecho sin ningún método. Antes de enviar a militares y marinos a combatir delincuentes, el gobierno como Estado debió haber definido primero tres principios rectores: una doctrina de seguridad interior, una ley de seguridad interior y una doctrina de defensa nacional.

Las estrategias de seguridad de Calderón, Peña Nieto y López Obrador han sido improvisadas. El punto más sensible fue el repudio del candidato López Obrador a la participación de las fuerzas armadas en labores de apoyo a la seguridad pública y la decisión del presidente López Obrador, luego de recibir de los militares información de inteligencia del tamaño del problema de la inseguridad, de profundizar la militarización de las fuerzas de seguridad. Lo malo del gobierno actual fue su impreparación para defender la iniciativa de la GN y de su Plan de Paz.

López Obrador, la renacida Secretaría de Seguridad y el Plan de Paz no funcionarán si antes no se resuelve el problema conceptual-político-de poder de la seguridad interior, un concepto que viene de la Constitución de Cádiz de 1812 y que se reproduce en las tres constituciones aprobadas en el Congreso. La clave en este concepto radica en que el escalamiento de capacidad ofensiva y de corrupción de los grupos criminales ha convertido la seguridad pública del ciudadano en un tema de seguridad interior del Estado.

Si el gobierno de López Obrador no le entra a la reglamentación de la seguridad interior, su plan carecerá de posibilidades de ganar la lucha contra la delincuencia, con o sin GN y con o sin fuerzas armadas. Hay, cuando menos, tres esfuerzos de fijación de los principios de seguridad interior.

1.- EL Glosario de Términos del Colegio de Defensa Nacional de la Sedena, que forma parte del cuerpo doctrinario educativo de los militares, dice:

“Función del Estado, de velar por la seguridad y el orden interno manteniendo así el imperio de la Constitución y demás leyes que de ésta emanen, para generar las condiciones necesarias para el desarrollo de la nación; obteniendo y controlando actos antisociales o contra el Estado, llevadas a cabo por personas o grupos transgresores de la ley, cuya actuación delictiva se encuentra previsto por las leyes del fuero común y federal”.

2.- El Programa para la Seguridad Nacional 2014-2018 del gobierno de Peña Nieto asumió los considerandos militares:

“Condición que proporciona el Estado mexicano para salvaguardar la seguridad de sus ciudadanos y el desarrollo nacional mediante el mantenimiento del Estado de Derecho y la gobernabilidad democrática en todo el territorio nacional”.

3.- El Plan de Paz de López Obrador contiene un primer párrafo que podría decirse que asume puntualmente el concepto del Estado-Leviatán de Thomas Hobbes de 1651 que fundó la teoría del Estado-autoridad:

“La seguridad de la gente es un factor esencial del bienestar y la razón primordial de la existencia del poder público: el pacto básico entre éste y la población consiste en que la segunda delega su seguridad en autoridades constituidas, las cuales adquieren el compromiso de garantizar la vida, la integridad física y el patrimonio de los individuos. Para ello están dotadas de facultades e instrumentos como leyes y reglamentos, organismos de procuración e impartición de justicia y el uso exclusivo de la fuerza pública. Cuando las instituciones son incapaces de utilizar adecuadamente tales potestades y herramientas y fallan en su responsabilidad de preservar la vida, la integridad y la propiedad de las personas y las poblaciones, entra en crisis su primera razón de ser, se debilita el acuerdo que articula las instituciones a la sociedad, se degrada la calidad de vida y se pone en peligro la existencia misma del Estado”.

Sin doctrina, ley y definiciones legales de seguridad interior, la seguridad pública seguirá al garete.

Política para dummies: La política es el ejercicio del poder legitimado ante poderes ilegítimos.

III.

La Guardia Nacional será otra PF; su mando, a los civiles que fallaron

Para mi amigo Arturo Rueda y a la memoria de su padre Arnulfo Rueda Astudillo

1.- Las vacilaciones, los avances y retrocesos y la falta de confianza en su propio proyecto llevaron al presidente López Obrador a fracasar su propuesta-eje de seguridad pública: la Guardia Nacional.

2.- Se dijo desde el principio: las consultas y audiencias públicas sirven para fortalecer una decisión ya tomada o como pretexto para destruirla.

3.- La decisión presidencial durante las audiencias cambiaron el sentido original. El gobierno federal cedió en las tres partes fundamentales que le darían al nuevo cuerpo la fortaleza que perdieron las instituciones de seguridad en doce años de lucha contra el crimen organizado y treinta y cinco años desde que estalló la crisis en 1984 con la revelación de los mariguaneros en el campo y el asesinato del columnista Manuel Buendía cuando se disponía a publicar datos de las complicidades oficiales con los cárteles.

4.- Los cuatro retrocesos dejaron las cosas como estaban antes del compromiso presidencial de la GN: mando civil de la GN a pesar de que el comisario general actual de la Gendarmería es un marino, fragmentación de competencias institucionales para no quitarles el poder y acceso a recursos presupuestales a gobernadores y alcaldes, demasiados controles que llevarían al nuevo cuerpo a operar evitando recriminaciones y no combatiendo al crimen organizado y exclusión de los superdelegados federales de temas de seguridad dejándole a gobernadores y alcaldes manos libres en ese tema.

5.- El mando civil a la GN no haría más que regresar al modelo fracasado de policía federal con mando civil.

6.- El problema operativo mayor estará en la incorporación de severos policías militares y navales como parte fundamental de los efectivos de la GN, pero ponerlos ahora bajo el mando de un civil acotado por las restricciones prioritarias y funcionamientos burocráticos.

7.- A pesar de que las quejas, sentencias y recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos contra las fuerzas de seguridad civiles-militares desde 2007 han sido proporcionalmente menores al total de efectivos desplegados, número de operaciones desarrolladas y desarticulación del crimen organizado con la mayoría de sus cabecillas muertos, presos o extraditados. Con la GN el congreso privilegió el respeto vigente a garantías y derechos por encima de la capacidad criminal de las bandas delincuenciales.

8.- La GN era el eje del Plan de Paz del gobierno del presidente López Obrador porque anunciaba una fase de ofensiva contra la delincuencia en general —carteles de narcos y bandas delictivas en otras especialidades– aprovechando el entrenamiento de las policías militar y naval en tareas de investigación y confrontación, pero con mando civil el espíritu castrense de disciplina, lealtad y valores no será utilizado porque los efectivos castrenses tendrán que descender a los niveles de policías federales preventivos.

9.- El debate sobre la militarización de la GN fue falaz porque en la conformación de la Policía Federal y en la Gendarmería ya había habido un traslado de policías militares a labores de seguridad civil.

10.- El debate sobre violaciones de derechos humanos por efectivos militares en operaciones del 2006 al 2018 fue menor en cifras con respecto a la estridencia mediática. De 10 mil 637 quejas presentadas en dos sexenios, la CNDH concluyó apenas 133 recomendaciones de casos investigados y probados (1.2%), sobre un total de casi 215 mil efectivos militares y sólo 45 mil asignados a la lucha contra el crimen organizado civil. La estridencia de la CNDH magnificando casos ha servido sólo para posicionar en escalas burocráticas a su presidente Luis Raúl González Pérez –ahora busca la rectoría de la UNAM– y para ocultar su incapacidad para defender a la sociedad ante el abuso policiaco a costa de debilitar a los organismos de seguridad. Hay una correlación entre las denuncias de la CNDH contra el aparato de seguridad y el aumento de la inseguridad en zonas acotadas por disminución de operatividad.

11.- Del asesinato del columnista Manuel Buendía en mayo de 1984 al 10 de diciembre de 2006 que arrancó la guerra del gobierno de Felipe Calderón contra el narcotráfico usando fuerzas militares en nombre de la seguridad interior, el crimen organizado se había asentado en zonas territoriales de la soberanía del Estado nacional y gobernaba municipios y hasta estados en su totalidad y lo hacía con la complicidad de políticos, funcionarios, policías y la misma sociedad. Hoy, doce años después de esa guerra, el Estado recuperó esos territorios, encarceló y deportó a capos y desarticuló los carteles.

12.- López Obrador tuvo muchas oscilaciones respecto a la seguridad y avanzó-retrocedió en materia de la GN. Su propuesta de nuevo cuerpo con efectivos militares en labores de seguridad policiaca fue audaz y era el paso necesario para una nueva fuerza de seguridad; sin embargo, aceptar el mando civil para limitar la acción federal demeritará la autoridad del próximo jefe civil policiaco de la GN.

Política para dummies: La política se mide por sus resultados, y los medios sólo sirven para saber en qué se fracasó.

 

IV.

Guardia Nacional: la Policía Militar sin violación de derechos humanos

Si el respeto a los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad es un candado contra los abusos del poder, también puede ser un indicio de institucionalidad. La Policía Militar que será el eje de la Guardia Nacional no tiene ninguna recomendación en materia de violación a los derechos humanos.

El dato no es menor: casi 25 mil policías militares forman parte de la totalidad de efectivos militares. El cuerpo especial de la Policía Militar fue una decisión estratégica y con visión de seguridad interior del anterior general secretario Salvador Cienfuegos Zepeda en noviembre de 2014, como contexto del Programa para la Seguridad Nacional 2014-2018.

A la distancia, la Policía Militar formó parte de la modernización de las fuerzas armadas y de la construcción de una estructura de control interno del ejército; a mediados de 2015, la Secretaría de la Defensa Nacional creó su Dirección General de Derechos Humanos para adoctrinamiento de los efectivos en derechos constitucionales y para procesar quejas antes de llegar a los organismos civiles.

De acuerdo con datos reales, de 2007 a finales de 2018, los dos sexenios de la estrategia de lucha frontal contra el crimen organizado, el sector militar acreditó más de 10 mil 600 quejas por presuntas violaciones a derechos humanos en la CNDH, apenas 151 involucraron a personal de la Policía Militar y ninguna ameritó recomendación de la CNDH por falta de evidencias o por aplicación a tiempo de correctivos militares.

La Policía Militar es uno de los cuerpos castrenses más efectivos en el mantenimiento de las leyes y reglamentos dentro del ejército. Su profesionalización en 2014 con instalaciones propias fue un paso en la profesionalización del ejército. El adiestramiento de sus efectivos es un poco diferente al de los soldados porque el orden interno en las fuerzas armadas es muy similar al civil: respeto a la legalidad. Y no es tarea fácil cuando los soldados manejan armas.

La tarea más difícil en una sociedad organizada es el mantenimiento de la disciplina militar, con reglamentos y leyes aún más estrictas que las civiles. La participación de policías militares en la Guardia Nacional ayudaría a este nuevo cuerpo de seguridad a tener referentes concretos de disciplina interna como cuerpo policiaco, toda vez que los policías del sector civil carecen de entrenamiento en disciplina y son más propensos a la corrupción.

La participación de la Policía Militar en la Guardia Nacional le daría a la seguridad pública un nuevo enfoque estratégico con personal ya capacitado y entrenado en labores de vigilancia del cumplimiento de las leyes, a diferencia de los efectivos normales del ejército que están capacitados para la confrontación con líneas claras de delimitación de derechos, pero rebasadas a veces en acciones operativas.

La formación educativa de los policías militares es especial, a diferencia de los policías civiles. El reglamento de la Escuela de Policía Militar, promulgado por el presidente panista Vicente Fox en abril del 2001, exige una capacitación de sus elementos mucho más estrictos y a fondos que las escuelas policiales que promueven generaciones al vapor. La calidad educativa en las aulas de la Policía Militar ha sido un ejemplo para otras organizaciones castrenses en el extranjero.

En este sentido, la oposición a la aprobación legal de la Guardia Nacional nada tiene que ver en los hechos con la participación de policías militares. No hay acceso a las cifras exactas de eficacia en la labor de los policías militares, pero el saldo se mide en el reconocimiento a la labor de este cuerpo especial. La policía militar es la encargada de hacer cumplir la disciplina militar, los reglamentos y las leyes que tienen que ver con los militares.

Las policías federales, estatales y municipales carecen de una estructura formativa de cuadros lo suficientemente sólida y enérgica como para cuidar la seguridad pública y atender las denuncias de la sociedad y el saldo se mide por las quejas contra sus comportamientos ilegales. Más que una militarización de la policía, la incorporación de policías militares a la Guardia Nacional proveería al nuevo organismo de una estructura de organización, valores y disciplina que hoy carecen las policías tradicionales.

Al final de cuentas, a pesar de tener una connotación militar, los policías militares en la actualidad no se mueven por los principios militares de defensa de la seguridad interior y la seguridad nacional con armas ante enemigos de la nación, sino que su tarea es el cumplimiento estricto de las leyes y reglamentos militares y civiles por parte de soldados.

Los policías militares, en estricto sentido, no son militares, sino policías forjados en la disciplina militar para vigilar a militares en el cumplimiento estricto de las leyes. Esa garantía no la ha tenido hasta ahora ninguna de las policías creadas desde el 2000, lo que explica su fracaso.

Política para dummies: La política debería ser el esfuerzo de decidir para mejor, no para ganar y que los demás pierdan.

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Fotos: Tomadas de internet…