EL SECUESTRO AL ALZA; UECS Y CONASE, A LA BAJA (I parte)

Por Avelino Granados, periodista especializado en temas de seguridad.

(Primera de dos partes)

El secuestro constituye uno de los delitos más deplorables que aquejan a nuestro país.

Es un flagelo que lacera a la sociedad mexicana, dado que no solamente lo sufre la víctima, sino que afecta a la familia y a su entorno social. Además del daño físico que pudieran sufrir las víctimas privadas de su libertad, el padecimiento psicológico es brutal y perdura en algunos casos por toda la vida. Ello sumado a que las personas secuestradas, de lograr su liberación, presentan afectaciones en su ámbito laboral y el temor permanente en el que viven los obliga muchas veces a cambiar de residencia.

Del otro lado, los delincuentes que practican este delito, van desde familias enteras que han encontrado en esa ilícita actividad su modus vivendi, hasta grandes cárteles del crimen organizado que hacen del secuestro una de sus actividades delincuenciales, sumada al narcotráfico, a la extorsión, el robo de vehículos y el tráfico de armas, entre otros.

Estrategias van estrategias vienen y este delito se mantiene latente en todo el país. De acuerdo con un reporte de Índice GLAC, Consultoría en Seguridad y Toma de Decisiones, durante los primeros cuatro meses de 2019 el secuestro repuntó 43 por ciento respecto al mismo periodo de 2018, pese a que el año pasado se había tenido un descenso del 8.6 por ciento comparado con 2017.

A nivel estatal fueron cinco las entidades que registraron un mayor incremento en ese delito entre 2010 y 2018 y de enero a abril de 2019. Se trata de Veracruz, Morelos, Colima, Zacatecas y Tamaulipas, reportó Índice GLAC.

Definitivamente, la lucha contra el secuestro demanda de estrategias y personal capacitado  para el combate de esta rama delincuencial. Y claro que capacidad profesional existe. Ejemplo de ello es la División de Investigación de la Policía Federal, donde además de contar con elementos especializados en el combate al secuestro, existe un programa de atención integral que da seguimiento a todo el caso. Es decir, además del combate frontal que incluye la detención de presuntos plagiarios y la liberación de víctimas, se cuenta con un área de atención psicológica que proporciona atención a las víctimas y sus familiares.

Tristemente, este bagaje de capacidades se ha visto minimizada por la nueva administración federal, que desde su inicio ha desviado la mirada hacia otras estrategias, dejando en el abandono a esta estratégica área de la Policía Federal.

Por el contrario, esa noble corporación  ha sido injustamente denostada por el Presidente de la República, seguido del titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Alfonso  Durazo, quien, en lugar de reconocer las capacidades y los logros obtenidos por los federales, quienes aún están bajo su mando, insiste en argumentar que están echados a perder y que lo mejor es apurar su desaparición a diciembre de este año. Siendo así, cuatro meses de vida que le queda a esta agonizante institución.

Por tanto, reitero, es indispensable contar con unidades especializadas en el combate al secuestro. Esto ya se había vislumbrado desde  finales del 2009, cuando, presionado por las organizaciones civiles que demandaron más atención a este delito, fue publicado el decreto presidencial por el cual se crearon 32 Unidades Especializadas en Combate al Secuestro (UECS); una en cada estado.

Estas unidades contemplan la actuación ministerial y policial bajo protocolos que permiten homologar la actuación del personal para alcanzar efectividad en la investigación y persecución de los delitos en materia de secuestro. Las UECS están integradas por un área policial, área ministerial, área pericial y de atención a víctimas.

En su momento, con una efectiva coordinación con las autoridades federales, incluidas la ahora extinta Policía Federal y la otrora PGR, esas unidades operaron bien por un tiempo, sobre todo después de que se creara en enero de 2014, también por decreto presidencial,  la Coordinación Nacional Antisecuestro (CONASE), dependiente entonces de la Secretaría de Gobernación (Segob) y actualmente absorbida por la SSPC que encabeza Durazo Montaño. Ello, ante la necesidad de contar con un ente que coordinara a las UECS.

En ese entonces, bajo la dirección del primer titular de la CONASE, Renato Sales Heredia, esa estrategia funcionó bien. Claro, la CONASE estaba recién creada y dependía de la Segob, por lo que había financiamiento; ese fue el principal elemento que le permitió a Renato Sales sacar adelante a este organismo.

Actualmente, la CONASE y las UECS están en el abandono. Prácticamente no existen. Y el secreto para ello es, precisamente, la falta de recursos. Nadie invierte en ellos, ni los gobiernos estatales en las UECS ni el gobierno federal en la CONASE. Y ahí están los resultados. El secuestro se mantiene al alza. 

Ahora, como parte de la estrategia de  la SSPC, la CONASE estrenó nuevo titular después de casi seis meses de estar descabezada desde la salida de Patricia Bugarín. Fue designado al frente de ese organismo Víctor Hugo Enríquez García, un experimentado policía federal, proveniente de la histórica Policía Federal de Caminos y con un efímero paso por la División de Investigación de la Policía Federal, instancia especializada en el combate al delito de secuestro.

La División de Investigación tuvo un repunte con grandes resultados en materia de lucha al secuestro cuando fue encabezada por Omar García Harfuch, ex titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General de la República y actual titular de la Policía de Investigación de la PGJ de la Ciudad de México.

Aunque Enríquez García tiene un hueso duro de roer, esperemos que instaure nuevas estrategias  y logre una buena gestión con los gobiernos estatales y el federal para reactivar nuevamente a las UECS, cuyo trabajo resulta más que indispensable para disminuir los casos de secuestro en el país. Aunque claro, sabemos que lo más indispensable para ello son los recursos, algo difícil de obtener en estos tiempos de austeridad republicana.

(CONTINUARÁ) 

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