El fallido operativo de Culiacán y los galimatías en la estrategia de seguridad (Parte 1)

Por Avelino Granados, periodista especializado en temas de seguridad.

El fallido operativo de las fuerzas federales en Culiacán el pasado 17 de octubre que dejó un saldo de ocho muertos y 16 heridos, así como la detención y posterior liberación de Ovidio Guzmán López, hijo de El Chapo Guzmán y cuya revuelta permitió además la fuga de 51 reos del penal de Aguaruto, Sinaloa, constituyó el parteaguas del también fallido plan de seguridad establecido  del gobierno federal, encabezado por el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso  Durazo  Montaño, marcado por el desorden, la inoperancia , las  contradicciones y que llevan a un auténtico galimatías cada vez que intentan explicarlo.

Derivado del evento de Culiacán, igual que en  otras  acciones  erradas de esta administración, la voz oficial encuentra siempre un argumento para darle la vuelta y tratar de hacer de un hecho negativo algo positivo, al menos dentro de la propaganda oficial.

Si bien es cierto que el Gabinete de Seguridad, encabezado por el secretario Durazo, reconoció en una conferencia de prensa –por cierto saturada de explicaciones al paso, ocasionando  más  confusión que transparencia- que se trató de un operativo precipitado, deficiente, carente de autorización, derivando en la obligada liberación del joven capo, el presidente López Obrador argumentó posteriormente que con la puesta en libertad del hijo de El Chapo Guzmán se evitó la muerte de muchas personas. Posteriormente, el canciller Marcelo Ebrard le puso números y señaló que con esa liberación se evitaron 200 muertes.

De inmediato las baterías propagandísticas del gobierno se enfocaron en ese sentido. La polémica obligada en los medios de comunicación, en especial en las redes sociales, se dirigió a opinar si se hizo bien o se hizo mal en liberar al hijo de El Chapo.

Obviamente los seguidores del Presidente, así como las mentes débiles, cayeron en el garlito y de inmediato se sumaron a la polémica, obviamente apoyando la decisión presidencial de que la liberación del delincuente fue la mejor opción para evitar un  supuesto baño de sangre. 

Y la verdad es que la liberación de Ovidio Guzmán representó una vergonzosa declinación del Estado ante la fuerza de la delincuencia organizada, en este caso del Cártel de Sinaloa; pero además significó la autorización expresa del Estado a dejar que los cárteles  sigan  operando a su libre albedrío tanto en Sinaloa como en la mayoría del territorio nacional, con el argumento de abrazarlos en lugar de balacearlos. 

Pareciera que en el tema de la Inseguridad en México ahora también aplica la máxima económica de los fisiócratas del siglo XVIII de Laissez faire et laissez passer, doctrina de que las sociedades están regidas por un orden natural y el Estado no debe intervenir en ellas.

De esta manera, el plan de seguridad gubernamental se sustenta en mantener en la vida contemplativa a las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley. Las fuerzas del orden, concretamente la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano, sólo deben hacer presencia en las zonas conflictivas, dejando ver y dejando pasar, hasta que los delincuentes decidan irse al carajo por sí mismos.   

Claro que a toda acción, como es el caso de un operativo vergonzoso y fallido, en el que prevaleció el total desconocimiento táctico policial  por parte de la Guardia Nacional y en el que el Estado se vio obligado a ceder ante la presión del crimen organizado, debiera seguir una reacción. Es decir, otra acción encaminada a solventar el error y castigar a los culpables. Obviamente considerando que los principales culpables son los delincuentes, los capos, los cabecillas de las organizaciones criminales.

Sin embargo y por lo visto, la inacción constituye la principal estrategia de seguridad del nuevo gobierno, ya que según el jefe de Estado de esa manera se evitarán cientos de muertes y, en un futuro no muy lejano, se logrará la “pacificación” del país. Así, haciendo nada.

Por lo pronto, el Presidente de la República encontró en el evento de Culiacán otra ocurrencia para incluirla en los discursos que seguirá utilizando en sus mítines durante sus giras por diferentes entidades del país. Seguirá mencionando que con su decisión de liberar a Ovidio Guzmán se evitaron cientos de muertes; y, si el considera necesario, es posible que aumente el número de vidas salvadas. 

Ahora, si de algo sirviera castigar a quienes autorizaron y encabezaron el mencionado operativo, claro que tendrían que haber despedidos y renuncias de los principales culpables. Pero es lógico que las mismas difícilmente llegarán, porque además de la destitución de Alfonso Durazo, tendrían que sumarse las del secretario de Defensa, general Luis Cresencio Sandoval González, y la del comandante de la Guardia Nacional, general Luis Rodríguez Bucio, o la de ya saben quién, pues resulta absurdo creer que el Presidente no estuviera enterado del operativo; entonces, ¿qué le informan los integrantes del Gabinete de Seguridad en su diaria reunión de las 06:00 de la mañana previa a su conferencia?

En tanto, los funcionarios del Gabinete de Seguridad insisten en dar confusas explicaciones sin llegar a un argumento claro de lo que sucedió en Culiacán, igual que cuando tratan de explicar el plan nacional para la seguridad, lo que nos lleva a creer que en la lucha contra la delincuencia, la verdad es que no hay estrategia.

(CONTINUARÁ)