Pide el INE a la SCJN declarar con claridad que el periodo de gobierno de Bonilla en BC es por dos años

Interpone el INE primer recurso legal ante la Corte en el tema de BC.

El Instituto Nacional Electoral (INE) presentó ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) una acción declarativa, que se integró en expediente de Juicio Electoral, para que ésta determine con claridad el periodo de dos años de la nueva gubernatura de Baja California, conforme a la convocatoria original del proceso electoral y las sentencias consecutivas emitidas por el propio Tribunal.

Se trata de un primer recurso legal interpuesto por el INE en defensa de la certeza del proceso electoral celebrado en aquella entidad, en el que resultó ganador el hoy gobernador electo Jaime Bonilla, para el periodo que corre del 1 de noviembre de 2019 al 31 de octubre de 2021.

El INE, a través del Secretario Ejecutivo Edmundo Jacobo, presentó esta acción declarativa para efecto de que la Sala Superior disipe la incertidumbre jurídica derivada de la aprobación de la reforma a la Constitución del estado de Baja California que pretende ampliar el mandato hasta 2024, la cual fue hecha con posterioridad a las elecciones del 2 de junio y publicada después de la declaración de validez de las elecciones y la entrega de la constancia de mayoría, en la que claramente se señaló el periodo de mandato, por dos años.

En su recurso, el INE establece que es necesaria la intervención de la máxima autoridad jurisdiccional en la materia, porque se han puesto en entredicho los alcances de la participación política de la ciudadanía, produciéndose un entorno de incertidumbre incompatible con el carácter democrático y republicano de los gobiernos electos popularmente.

El ejercicio de la acción declarativa otorgará a la ciudadanía y a las autoridades electorales la certeza respecto del periodo que efectivamente debe permanecer en el encargo el gobernador electo, ya que incorporar elementos de incertidumbre –como lo es modificar el periodo de un gobierno electo después de los comicios y de la declaración de validez del proceso electoral– podría producir un daño al electorado en su conjunto, al sistema democrático y a la función electoral que tienen a su cargo el Instituto Nacional Electoral y los organismos públicos locales electorales.