Federalismo, cada quién lo interpreta como quiere

Por Víctor A. González Sánchez, académico constitucionalista Tw: @vican_go

En la eterna pugna sobre lo que cada quien entiende por federalismo, en este llamado mes de la patria, la lucha política la vuelve a hacer presa de los diversos intereses partidistas o de grupo. Ahí está, por ejemplo, el bloque de diez gobernadores opositor a la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, so pretexto de que éste “es un peligro para la democracia” y que pugna por la defensa federalista en la que está basado nuestro sistema jurídico-político.

A lo largo de nuestra historia constitucional, una de las decisiones políticas fundamentales, que más problemas ha tenido en su consolidación ha sido precisamente la conformación de México como una República Federal.

Desde la independencia con Agustín de Iturbide en 1821 hasta la muerte de Maximiliano de Habsburgo en 1867, México se vio enfrascado en diversas luchas por determinar el modelo que se debía de seguir: Decantarse por un modelo centralista o bien por uno federal.

Sin embargo, vale la pena recordar que en su concepción, México, y a diferencia de las trece colonias norteamericanas, hasta antes de la independencia, no representaba un conjunto de diversos territorios soberanos llamados a unirse, sino que por el contrario, era una unidad que dependía de la Corona Española, pero que para su adecuada administración se dividía en diversos centros administrativos como eran virreinatos, capitanías generales, entre otros, y que posteriormente pasaron a conformar lo que hoy se conoce como Estados.

Es por ello que si realizamos un análisis de los diferentes textos constitucionales vigentes durante esos 46 años (1821-1867) encontraremos que el país fue tres veces centralista y cuatro veces federalista hasta su concreción en la Constitución de 1857 y su reafirmación en la Constitución de 1917.

Así, al día de hoy, la Constitución en su artículo 40 establece que México se constituye como una República representativa, democrática, laica y federal.

En ese sentido, nuestra Constitución establece en el artículo 124 la denominada fórmula constitucional, la cual estipula la distinción de competencias entre la Federación y los Estados, siendo que aquellas facultades que no están expresamente concedidas a funcionarios federales, se entienden reservadas a los Estados.

Con dicha fórmula se entendería que lo general lo regulan los Estados y lo particular la Federación, teniendo en ese sentido mayores facultades aquéllos respecto a ésta. Empero, en la realidad esto no es así.

Si bien nuestro sistema se auto denomina federal, la constitución real (constitución en sentido material) y la constitución de papel (constitución en sentido formal) poco tienen que ver en este tema, pues si bien es cierto que el artículo 124 es muy claro en la redacción de la cláusula constitucional, a la hora de analizar lo relativo a la distribución de facultades para legislar por parte del Congreso de la Unión, en el artículo 73 observamos que la tendencia es totalmente contraria.

Dicho artículo, en sus 103 años de vigencia, es el que más reformas ha sufrido, sumando cada vez más materias reservadas para el conocimiento de la Federación.

En este caso no debemos olvidar que, desde el punto de vista político, durante los años de priismo todas las decisiones se tomaban desde la federación y los gobernadores obedecían lo mandatado por el Presidente en turno.

Es hasta que se comienza a dar la alternancia partidista cuando se intenta romper poco a poco dicho esquema, concretándose en el año 2000 con la derrota del partido único y la llegada a la presidencia de Vicente Fox, candidato del partido opositor al régimen, el PAN.

Así, en el 2002, en Cancún, Quintana Roo, gobernadores del PRI y del PRD crean la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), quienes propugnaban por reafirmar el Pacto Federal, siendo incluso uno de sus miembros fundadores al entonces jefe de gobierno de la Ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador.

Posteriormente la denominada CONAGO se termina de concretar en 2003 con la unión de los gobernadores panistas, y cuyos objetivos serían los de crear un espacio de diálogo para impulsar el fortalecimiento de las entidades federativas para contribuir al desarrollo nacional; reafirmar el Pacto Federal, y realizar proyectos y estudios para la deliberación y proposición de soluciones sobre diferentes asuntos de política.

Sin embargo, tal como lo señala nuestra Constitución en el artículo 117, una de las limitaciones que tienen los estados en su esfera de autonomía, es el no poder celebrar en ningún caso alianza, tratado o coalición con otro Estado o potencia extranjera, por lo que la CONAGO prácticamente nacía coja, al no ser vinculante en sus decisiones, quedándose en un mero espacio de voluntad política.

Es por ello que hoy, en el contexto de la autodenominada “Cuarta Transformación” y de los efectos de la Pandemia de Covid-19, diversos gobernadores buscaron negociar con el Gobierno Federal nuevos términos y condiciones bajo los cuales se trabajaría para atender de mejor manera la emergencia sanitaria, así como los términos del Convenio de Coordinación Fiscal, acuerdo creado por Adolfo Ruíz Cortines en 1953 con la finalidad de coordinar entre los Estados, Municipios y la Federación la recaudación de impuestos y la distribución de los recursos.

A lo largo de los años dicho Convenio de Coordinación Fiscal ha sido un elemento de centralización del poder, en el que la Federación termina de distribuir a los estados sus participaciones en el presupuesto, generando que esto sea un asfixiante mecanismo de control estatal, como en el juego de la pirinola, en donde estados y municipios ponen y el Gobierno Federal prácticamente es el gran ganador.

En ese sentido, y so pretexto de la pandemia, diversos gobernadores solicitaron al presidente se revisara dicho acuerdo para mejorar sus condiciones; sin embargo, su voz encontró poco eco en Palacio Nacional, por lo que ante el desaire anunciaron su salida de la CONAGO, al considerar que no había nada qué hacer ahí.

Este grupo de gobernadores (Chihuahua, Durango, Jalisco, Michoacán, Tamaulipas, Colima, Coahuila, Nuevo León, Guanajuato y Aguascalientes) se autodenominó como la Alianza Federalista, la cual busca defender “el Federalismo que tanto le ha costado a México tener” (sic).

A pesar del discurso oficial, estamos ante un federalismo “muy a la mexicana”, en donde enfrentamos un centralismo disfrazado de federalista, que cada día le da mayores facultades a la Federación y relega a los Estados, en donde el que parte y reparte, se queda con la mayor parte.

Igual que en el pasado, pero ahora bajo la careta de la cuarta transformación, que no oculta su interés por controlar desde el centro del poder todo lo que esté a su alcance.

De ahí que la salida de los diez gobernadores de la CONAGO, si bien es un movimiento político que pocas implicaciones jurídicas tiene, sí podría representar una buena oportunidad para replantear el sistema y hacer un poco más real el federalismo.

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