Tec&Com2020 // Precaria inclusión digital

Foto: Quadratín

Por JoséAlfredoPulidoPonce, especialista en Comunicación Estratégica @japponce

En México, las políticas de inclusión digital han fracasado. Quedan con frecuencia en el plano aspiracional. Se elaboran, pero no se ponen en práctica, ni se cumplen, y menos atienden las necesidades reales de las personas.

Aunque la pandemia abrió nuevas oportunidades para la inclusión digital, la realidad ha sido otra: el uso, la calidad de la participación social y la formación de capacidades digitales en este nuevo espacio ha sido pobre, improvisado, débil, poco estructurado e improductivo, cuando se mide por el rendimiento.

La inclusión digital en el sector salud, educativo, laboral, entre otros, conectó, de manera obligada, a más personas, mercados e instituciones en interacciones en línea, pero han sido insuficientes para crear un nuevo sujeto que sepa informarse, aprenda y aumente sus capacidades y habilidades para su beneficio al utilizar las TIC.

Según datos de la CEPAL, el tráfico en sitios web y el uso de aplicaciones de teletrabajo, educación y compras en línea aumentó significativamente. Entre el primer y segundo trimestre de 2020, el uso de soluciones de teletrabajo aumentó un 234% y la educación en línea, más del 60%.

No obstante,son muchas las personas que no han podido aprovechar los grandes beneficios de las tecnologías digitales. Quedan al margen de las soluciones de aprendizaje por medios electrónicos, el e-comercio y el teletrabajo.

Uno de sus grandes vacíos es que la inclusión digital no ha sido conducida por el Estado, el cual ha abdicado de su responsabilidad. Se ha depositado en manos de la sociedad inexperta y del mercado la operación de un sistema para el cual no está preparada. Ni en la escuela, ni en las familias, ni en el trabajo, ni en ninguna parte.

Acceso Universal

Los objetivos del milenio de la ONU establecen la obligación al Estado de “aumentar de manera significativa el acceso a las tecnologías de la información y las comunicaciones y a esforzarse por proporcionar acceso universal y asequible a internet…”

En México, la inclusión digital, mediante la asequibilidad de las tecnologías de la información y comunicación (TIC), a los servicios de telecomunicaciones, banda ancha e internet, es un derecho de todos y debe ser garantizado por el Estado.

Aunque el gobierno de la 4T se ha propuesto ampliar la cobertura de banda ancha en zonas marginadas e impulsar el acceso a esta infraestructura tecnológica a precios razonables para permitir su más amplio aprovechamiento, los beneficios no llegan: la falta de recursos y de política pública mal diseñadas, hacen que los avances sean precarios, en detrimento de los sectores más vulnerables

Lo que está en riesgo con el poco impulso a la inclusión digital es el desarrollo integral de las personas, el incremento de la competitividad y el fomento de la innovación y la creatividad, como generadoras de desarrollo económico, social y cultural, así como la autodeterminación tecnológica. No es poca cosa.

Digitalización inclusiva

El Estado abdica de su responsabilidad histórica con la inclusión digital al retrasar, dejar de crear y establecer las condiciones regulatorias, materiales y de procesos que la permitan un desarrollo humano en mejores condiciones de bienestar. 

Es necesario, urgente podría decirse, revitalizar los impulsos del sector de las telecomunicaciones y la digitalización inclusiva a efecto de concretar el cambio estructural progresivo e incrementar la competitividad global.

Los actuales modelos de participación democrática, de creación de riqueza y generación de bienestar, en educación, salud, trabajo, inclusión financiera, de combate a la corrupción y de cultivo de confianza ciudadana en las instituciones, pasan necesariamente por el aumento de la inclusión digital y la reducción de lo que Luis Reygadas (2008) llama “desigualdad por desconexión” de internet.

Debemos entender el desarrollo de políticas públicas de inclusión digital como un recurso poderoso para el empoderamiento de las personas en situación de vulnerabilidad, y así reducir las enormes desigualdades sociales que prevalecen en el país. Un gran desafío que por el momento vemos oscurecido por tanta verborrea y politiquería.

Se puede contribuir al restablecimiento de la confianza en los gobiernos simplificando procesos burocráticos, prestando servicios públicos inclusivos –de salud y educativos por medios electrónicos- que lleguen a los sectores más desfavorecidos de la sociedad, con mayor apertura y transparencia y permitiendo la participación en la toma de decisiones.

Sin embargo, debe aceptarse que la digitalización es un instrumento eficaz para el desarrollo, solo y si es universal e inclusiva: Que facilite el acceso a las nuevas tecnologías y que los usuarios dispongan de competencias digitales para combatir su marginación y pobreza.

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