Ejecución de Aristóteles Sandoval, ¿preludio de la violencia electoral?

Por Avelino Granados, periodista especializado en temas de seguridad.

El reciente asesinato en Puerto Vallarta del ex gobernador de Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, pudiera ser el preludio de una serie de hechos violetos que por lo general vienen de la mano con las contiendas electorales. Y más cuando se encuentra en puerta el proceso electoral más grande en la historia México.

Independientemente de quien sea el autor intelectual y los motivos que llevaron a la comisión de este por demás reprobable homicidio, por la forma en que se ejecutó y las características de los participantes, todo apunta que fue obra de la delincuencia organizada. No hay duda que un crimen de esa magnitud cimbra los cimientos de la endeble seguridad que prevalece en el territorio nacional, en especial en esa entidad, dominada por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), la agrupación delincuencial más poderosa de país.

Si en septiembre pasado arrancó formalmente el proceso electoral federal 2020-2021, el “más grande y complejo de nuestra historia”, como lo califico el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, el asesinato de Aristóteles Sandoval podría ser el arranque de una escalada de violencia política y delincuencial que viene aparejada con las campañas políticas que en breve iniciarán.

Para nadie es un secreto que el crimen organizado tiene las intenciones en pelear también algunos puestos políticos. Es previsible entonces que en lo que queda de este año y principios del 2021 se incremente la violencia delincuencial y política, ya que representantes de agrupaciones delictivas posiblemente intentarán obtener algunos espacios en disputa, ya sea con candidatos impuestos por ellos mismos o financiando campañas de otros.

Asimismo, diferentes cárteles intentarán aprovechar la coyuntura política para hacerse del control de diferentes “plazas”, en cuya lucha por lograr sus objetivos, los capos acostumbran quitar del camino a funcionarios o candidatos que les estorban, utilizando acciones intimidatorias de cualquier índole, incluidas las ejecuciones directas.

Esta constante se repitió en numerosas ocasiones en el último proceso electoral de 2017-2018 lo que dañó el tejido social y familias en diferentes partes de la República Mexicana. Previo a la jornada de julio de 2018,  cuando se eligieron Presidente de la República, 128 senadores y 500 diputados federales, además de 2 mil 818 autoridades locales. Según datos de un estudio realizado por la Dirección General de Análisis Legislativo del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, en esa ocasión se realizaron 774 agresiones contra políticos y 429 contra funcionarios no electos.

De esos hechos violentos, 52 políticos fueron asesinados, de los cuales 48 eran precandidatos y candidatos a puestos de elección, sumados a 371 funcionarios ejecutados.

Ahora, el pastel que se repartirá el próximo año resulta por demás atractivo, cuando se renovarán más de 21 mil cargos públicos; de ellos, 3 mil 504 puestos de elección popular: 500 diputaciones federales, 15 gubernaturas, mil 63 diputaciones locales en 30 estados y mil 926 ayuntamientos en 30 entidades. Además, se asignarán miles de sindicaturas y regidurías.

Y en Jalisco, donde la sangre ya comenzó a derramarse, el próximo año se elegirán 125 presidencias municipales, 125 sindicaturas, 20 diputaciones de mayoría relativa, 18 de representación proporcional y mil 464 regidurías.

Por todo, se prevé un rojo panorama, ya que los asesinatos políticos constituyen una forma de causar pánico en la población, así como generar inestabilidad en los gobiernos donde acontece el incidente. Se trata de una estrategia coloquialmente conocida como “calentar la plaza”, consistente en incrementar ex profeso los hechos violentos, incluidos los asesinatos, en algún estado o región del territorio nacional con objeto de desprestigiar a los actuales gobernantes con miras a  garantizar la victoria de determinado candidato o candidata, quien seguramente prometerá terminar con la violencia en esa zona.

El asesinato de Aristóteles Sandoval, por ciento, ocurre en el estado gobernado por Enrique Alfaro, de Movimiento Ciudadano (MC), quien ganó con un millón 354 mil 014 sufragios, cuyo triunfo también alcanzó las alcaldías y el Congreso del Estado.

El partido naranja logró presencia en 68 entidades, lo que representa el 54 por ciento del estado. El PRI fue el segundo partido con más alcaldías ganadas en 2018, con un total de 21, seguido por el PAN con 13, mientras que Morena sólo obtuvo ocho.

En el Congreso del Estado, MC también es mayoría. De los 38 diputados, 17 son representantes del partido, seguidos por el PAN con nueve curules y Morena, cinco. Además Alfaro, quien dijo que ese homicidio representa un desafío al Estado mexicano, ha sido quien más ha confrontado al Presidente Andrés Manuel López Obrador.

El asesinato de Sandoval, que sin duda lleva la firma del CJNG, podría ser el comienzo de una ola de violencia derivada del accionar de los cárteles delincuenciales  por la lucha de “plazas”, aunado a los oscuros intereses políticos que comienzan a aflorar frente a las elecciones del 2021.

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