Nueva Legislatura debe mejorar su nivel técnico, fortalecer el proceso de gasto federal y abrirse al debate: Integralia

El Décimo Reporte Legislativo de Integralia Consultores, analiza el desempeño de la LXIV Legislatura (2018-2021) y externa recomendaciones para mejorar el trabajo legislativo rumbo al inicio de LXV Legislatura (2021-2024).

Algunas de las conclusiones principales respecto al desempeño de la LXIV Legislatura son:

1)    Se erosiona el contrapeso legislativo del Poder Ejecutivo. El principal problema histórico del Congreso mexicano ha sido la falta de profesionalismo e independencia para ejercer un contrapeso efectivo al Poder Ejecutivo. Los mayores controles esporádicos e intermitentes del Congreso que surgieron en 1997 cuando el PRI perdió la mayoría de la Cámara de Diputados se han erosionado con la nueva hegemonía de Morena. El problema se agudizó cuando se trataba de iniciativas del presidente: prevaleció la consigna de no cambiar “ni siquiera una coma”.

2)    La amplia mayoría de Morena en ambas cámaras, sobre todo Diputados, mermó la deliberación. La certeza de ganar las votaciones al margen de tener la razón técnica o política inhibió la deliberación de las iniciativas al seno de las comisiones. La discusión a fondo de los dictámenes fue poca y las reservas pasaron a discutirse en el Pleno sin que fueran insumos para modificar las iniciativas. En el caso de las reformas constitucionales, la deliberación fue mayor en el Senado debido a que Morena no contaba con la mayoría calificada.

3)    La oposición careció de unidad y liderazgo. En numerosas reformas de primera importancia, los partidos de oposición no mostraron mayor resistencia, ni argumentaron para la opinión pública sus puntos de vista. En algunos casos, legisladores de oposición se sumaron a la coalición de Morena para sacar adelante reformas controvertidas.

4)    Se redujo el costo presupuestario del Congreso, pero prevalece opacidad. Su presupuesto pasó de 17,240 mdp en 2018 a 14,800 mdp en 2021, una reducción de 14% en términos reales. Muy significativa es la reducción de las asignaciones a grupos parlamentarios, una partida discrecional y casi “secreta” que se ha usado para la cooptación, el clientelismo e, incluso, el enriquecimiento personal. No obstante, prevalece la opacidad en el uso de estas asignaciones porque la ASF no tiene acceso a la documentación comprobatoria.

5)    Récord histórico de reformas legislativas impugnadas ante el Poder Judicial. Entre el 1° de septiembre de 2018 y el 31 de julio de 2021 se promovieron, por lo menos, 32 demandas de acción de inconstitucionalidad, 18 de controversia constitucional y cientos —si no es que miles— de amparos contra decretos expedidos por ambas cámaras del Congreso de la Unión. Este número contrasta con las demandas promovidas entre septiembre de 2012 y agosto de 2015 (primeros tres años de gobierno de Peña Nieto); se promovieron sólo 12 demandas de acción de inconstitucionalidad y no hubo controversias. El incremento refleja descuido y desinterés respecto a la constitucionalidad y legalidad de las reformas aprobadas.

Las recomendaciones más importantes son:

1)    Mejorar la capacidad técnica del trabajo legislativo, especialmente en comisiones, mediante el impulso al Servicio Profesional de Carrera, así como privilegiar el debate y el consenso en la elaboración de dictámenes.

2)    Priorizar la expedición de legislación secundaria y transitoria, ya que su incumplimiento genera vacíos en la implementación de las leyes aprobadas e imposibilita su aplicación.

3)    Cumplir con los plazos establecidos para la expedición de leyes y aprobación de nombramientos, especialmente para la renovación de los integrantes de los órganos autónomos.

4)    Reducir aún más el número de comisiones ordinarias tomando como referencia el número establecido en la reforma de la Ley Orgánica de 1999: veintinueve para Senado y 27 para Diputados.

5)    Fortalecer el proceso de aprobación del presupuesto mediante una discusión profunda de las implicaciones de la propuesta del Ejecutivo y someter el proyecto a las enmiendas necesarias. Asimismo, dar seguimiento puntual al ejercicio del gasto público.

6)    Regular el mecanismo de reelección legislativa para priorizar la profesionalización y rendición de cuentas.

7)    Transparentar el ejercicio de las asignaciones de grupos parlamentarios, tal como ha exigido la Auditoría Superior de Federación desde hace 15 años.