Oficial, no habrá pase automático para Raúl Cervantes como fiscal general

@EPN se suma al NO a las fiscalías de chocolate

La Presidencia de la República propuso al Congreso una iniciativa que evitaría que el actual procurador general, Raúl Cervantes, se convierta en automático en Fiscal General.

Las críticas a la posibilidad de que Cervantes ocupara esta posición -él mismo lo admitió cuando rindió protesta como procurador que no descartaba el escenario-, hizo pensar que el Congreso estaría aprobando la creación de una “fiscalía de chocolate” o de adorno.

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En este espacio El Rincón del Chamán dio cuenta esta semana de los cuestionamientos de las voces opositoras a que Cervantes se hiciera en automático de un cargo transexenal,  y que esta situación de imposición ocurriera lo mismo con el nombramiento de la Fiscalía Anticorrupción, equivalente a una subprocuraduría.

Antes de viajar a los funerales de Fidel Castro, el presidente Enrique Peña Nieto envió al Congreso una reforma de ley para modificar los términos de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República -todavía en la cocina de los senadores.

Tendrá que definirse si la titularidad de la Fiscalía se resuelve por propuesta del Ejecutivo Federal y votada por el Congreso o el nombramiento queda en manos del Poder Legislativo.

A continuación reproducimos íntegro el comunicado de la Presidencia de la República:

PROPONE EL PRESIDENTE PEÑA AL SENADO REFORMA CONSTITUCIONAL PARA QUE EL PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA NO SE CONVIERTA AUTOMÁTICAMENTE EN EL NUEVO FISCAL GENERAL 

  • Envió ayer la iniciativa a la Cámara de Senadores

El pasado 25 de octubre, el Presidente Enrique Peña Nieto, designó como Procurador General de la República a Raúl Cervantes Andrade y el Senado lo ratificó para ejercer ese cargo con una votación de 85 votos a favor, 3 en contra y 1 abstención. Las distintas fuerzas políticas votaron a favor de dicha ratificación.

La reforma constitucional publicada el 10 de febrero de 2014 prevé que la Fiscalía General de la República entrará en funciones una vez que se apruebe su Ley Orgánica por el Congreso de la Unión. Por su parte, el artículo Décimo Sexto transitorio de dicha reforma dispone que quien sea Procurador en ese momento se convertirá de forma automática en el primer Fiscal General.

Esta reforma constitucional fue aprobada por las distintas fuerzas políticas del Congreso con una votación de 106 votos a favor, 15 en contra y una abstención en la Cámara de Senadores; 409 votos a favor, 69 en contra y 3 abstenciones en la Cámara de Diputados, misma que realizó modificaciones a la Minuta, siendo aprobadas por el Senado con una votación de 99 votos a favor, 11 en contra y 2 abstenciones; para finalmente ser aprobada por la mayoría de los congresos locales. La reforma fue producto de diversas iniciativas presentadas en el Senado de la República y no de alguna del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.

El Gobierno de la República reitera que los tiempos para la transición a la Fiscalía General de la República, corresponden al Congreso de la Unión,  que será el Poder que defina el momento de aprobación de la Ley Orgánica.

Sin embargo, ante distintas voces, entre ellas la del propio Procurador Cervantes, que señalan que el transitorio Décimo Sexto de la reforma constitucional que establece el tránsito de Procurador a Fiscal en forma automática, no abona a centrarse en la discusión del modelo institucional de la Fiscalía, el Presidente Enrique Peña Nieto envió ayer al Senado de la República una iniciativa para modificarlo.

De ser aprobada esta iniciativa, y en caso de que el Congreso de la Unión expida la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, no existiría pase automático de último Procurador a primer Fiscal, sino que correspondería al Senado iniciar el procedimiento para la designación del nuevo Fiscal General de la República.

El Presidente Peña Nieto reafirma que una de las tareas principales del Procurador Cervantes Andrade es trabajar para la mejora continua de la Institución del Ministerio Público de la Federación que enfrenta los grandes retos que significa el inicio en todo el país del nuevo sistema de justicia penal acusatorio, construyendo procesos y sistemas que fortalezcan la procuración de justicia.

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