Revive la tragedia del secuestro; la Conase y las UECS, en el limbo

Por Avelino Grados, periodista especializado en temas de seguridad

Tal vez por la crisis de salud derivada de la pandemia del Covid 19 se haya olvidado por un tiempo resaltar el horror y la tragedia que viven miles de familias ante las acciones inhumanas y cruentas que ejecutan algunas bandas de secuestradores. Pero los recientes sucesos en Puebla, donde familiares recibieron videos en los que aparece su padre secuestrado, implorando por el dolor que sufre mientras es mutilado para intentar convencerlos de que paguen el monto exigido como rescate, revive nuevamente la forma de operar de este tipo de bandas criminales.

A ello se suma el secuestro y posterior liberación de un general del Ejército Mexicano, quien apareció totalmente golpeado en un municipio cercano a la autopista Siglo XXI de Puebla, tres días después de haber sido plagiado y por quienes sus captores exigían cinco millones de pesos como rescate.

Como ya hemos comentado en otras ocasiones, el secuestro constituye uno de los delitos más despreciables que pudiera cometer el ser humano y que, además, lo padece toda la sociedad, sin importar su situación económica. Urge hacer algo para combatirlo; una verdadera estrategia de acción que incluya el desempeño de personal especializado.

No se puede continuar intentando convencer a los delincuentes a que se porten bien con simples frases retóricas. Resulta más que increíble que el jefe de Estado manifieste que en México “no secuestran a un pobre, secuestran al que tiene”; entonces, dijo, para evitar el secuestro, necesitamos una sociedad mejor, con justicia. Esa fue la respuesta del Presidente de la República ante el reclamo de hacer algo para combatir el secuestro. Queda en el aire la interpretación que cada quién pueda dar a esa expresión.  

Por lo pronto, Gustavo de Hoyos, presidente de la Coparmex, indicó que «en México secuestran a ricos y pobres y afirmar que solo lo sufren las personas de altos ingresos, es desconocer la tragedia de miles. Unos y otros, deben gozar de paz y seguridad derivada de la acción eficaz del gobierno contra el delito, y no de una retórica de igualdad social.»

Si en administraciones pasadas se dio especial importancia al combate a este delito, en la actualidad el tema a quedado relegado a la par que las acciones sobre seguridad en general. Si la Guardia Nacional, el Ejército, la Marina o las policías estatales y municipales carecen de personal especializado, nos preguntamos entonces ¿dónde está la Coordinación Nacional Antisecuestro (Conase) y las Unidades Especializadas en Combate al Secuestro (UECS) de los estados?, únicas instancias sobrevivientes que se encargaban de atender este delito, dada la desaparición de la Policía Federal (PF), que contaba con el personal mejor calificado.

En su momento, la División de Investigación de la PF, en un tiempo bajo el mando de Omar García Harfuch, hoy a cargo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, había adquirió reconocimiento por sus resultados con la detención de diferentes bandas de secuestradores y, sobretodo, por la liberación de víctimas que permanecía privadas de la libertad. Todo, gracias al personal altamente capacitado y certificado en investigación, inteligencia y manejo de crisis que allí operaba. Asimismo, el funcionario mantuvo siempre una efectiva coordinación con las UECS y la Conase. Esa estrategia dio buenos resultados.

Sin embargo hoy nada más sobrevive como tal la Conase, al mando de Víctor Hugo Enríquez García, un experimentado Policía Federal de Caminos, mientras que las UECS estatales se mantienen inoperantes principalmente por la falta de presupuesto.

Enríquez García, quien tuvo un efímero paso por la División de Investigación de la PF, fue designado al frente de Conase en julio de 2019 y desde entonces apostó sus resultados a su cercanía con el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Alfonso Durazo Montaño quien, por su parte, parece más preocupado en limpiar su camino hacia su candidatura al gobierno de Sonora que por revivir a la institución de Enríquez García. Desde entonces, nada se ha sabido del trabajo de este organismo.

En tanto, los secuestros siguen al alza. En mayo pasado aumentaron 23.9% en el país en comparación con abril previo. También en ese mes se abrieron 145 carpetas de investigación por secuestro, mientras que en abril fueron 117, de acuerdo con los datos de la organización Alto al Secuestro que encabeza Isabel Miranda de Wallace.

Tal vez si la Conase se aplicara a trabajar para la que fue creada y no a intentar operar con acciones que no le competen, habría mejores resultados. El propio Durazo, en uno de sus atropellados informes mensuales realizado el pasado 20 de mayo en la mañanera del Presidente López Obrador, llegó a decir que a la Conase, -que ahora depende de la SSPC- le ha otorgado algunas atribuciones operativas.

Esta afirmación constituye otra ocurrencia por demás grave, dado que legalmente esa instancia no tiene tales atribuciones. Y no se le pueden otorgan con la simple autorización de Durazo Montaño. Para ello es indispensable legislar y, de ser el caso, sería otro organismo que demandaría de un jugoso presupuesto por parte de la Secretaría de Hacienda y, dada la crítica situación económica que se vive, eso suena más que imposible.

La Conase fue constituida como un organismo meramente administrativo y gestionador ante las UECS; pero al parecer, Víctor Hugo Enríquez está esperanzado en que Durazo cumpla su propuesta y haga de la Conase un ente operativo. Mientras tanto, intentan hacerlo realidad en el discurso. En contados eventos antisecuestro, sus boletines informativos señalan que la acción se desarrolló en coordinación con las UECS, con alguna corporación policial y la Conase, algo verdaderamente riesgoso y complicado legalmente, dado que, como se ha dicho, ésta última carece atribuciones operativas.

Cabe recordar que la Conase fue creada por decreto presidencial el 29 de enero de 2014, con la misión de coordinar, vincular, gestionar, evaluar y dar seguimiento a las acciones de las distintas dependencias de seguridad pública del país encaminadas a combatir y erradicar el delito de la privación ilegal de la libertad. En suma, para supervisar y evaluar el trabajo de las 32 UECS del país, quienes tienen como función atender de manera integral a las víctimas de secuestro en cada estado, así como investigar y perseguir este delito en sus entidades.

No se puede negar la urgente necesidad de contar con un organismo especializado en el combate al secuestro, pero no creo que la Conase sea el indicado. Para eso ya están las UECS; sólo es cuestión de inyectarles presupuesto. Enríquez García debería entonces enfocar sus baterías a gestionar para reactivarlas en los estados y sacarlas del limbo en las que se encuentran, en lugar de insistir en organizar acciones operativas, esperanzado en que Alfonso Durazo le cumpla. Y, claro, dejar la política de que sean los encargados de hacer cumplir la ley quienes pongan los abrazos y los delincuentes los balazos. De ser así, a estas alturas, los resultados en el combate al secuestro tal vez serían otros.

Add a Comment

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.