DURAZO: El fracaso y los temas pendientes (II parte y última)

Avelino Granados, periodista especializado en temas de seguridad

La renuncia de Alfonso Durazo Montaño a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) para formalizar su candidatura por Morena a la gubernatura de Sonora, tras dejar un verdadero desastre durante su gestión en la que prometió “pacificar” al país, representa la primera de las promesas incumplidas de este funcionario.

Y es que luego del fallido operativo en Culiacán donde se capturó y se liberó a Ovidio Guzmán, en octubre de 2019, llegó a decir que “a estos puestos ni se buscan ni se renuncian a ellos; se asume la responsabilidad”. Y tiene razón. La salida más fácil de un funcionario público ante un problema generado por su mala actuación es la renuncia al cargo, cuando lo éticamente correcto sería asumir la responsabilidad, afrontarla y enmendar los posibles daños.

Salvo que al sonorense le faltara completar su frase y decir: …a menos que se tenga en puerta una candidatura. De ser así, no importa dejar detrás un tiradero y un numeral de pendientes que dieron como resultado el sometimiento del Estado ante las bandas criminales que asolan al país. El vergonzoso caso del llamado “culiacanazo” es el ejemplo más claro. Y todo, derivado de una fallida estrategia de combate a la delincuencia comandada por el futuro candidato morenista.

Pero en lugar de “asumir su responsabilidad” como cabeza de sector en el tema de seguridad, Durazo prefirió renunciar y, con la anuencia y apapacho del Primer mandatario, optó por lanzarse a la candidatura de su estado con la esperanza de obtener otra entidad color morena que fortalezca el poderío presidencial.

En casi dos años como funcionario de la administración de Andrés Manuel López Obrador como  encargado de coordinar el combate a la delincuencia, quien también fuera secretario particular del entonces Presidente Vicente Fox en año 2000,  intentó lograr su cometido solamente a base de discursos retóricos, sustentados en la no utilización de la fuerza, el respeto a los derechos humanos de los delincuentes y respaldando la sugerencia del Presidente de la República en el sentido de conminar  a los criminales a que se porten bien.

La realidad es que Durazo Montaño nunca tuvo el control de las fuerzas del orden, y, por tanto, la tarea de por lograr la seguridad quedó desde un principio en manos de las fuerzas castrenses con el general Luis Rodríguez Bucio al frente de la Guardia Nacional, integrada en su mayoría por militares y marinos que responden a la SEDENA.  

Sin embargo, los magros resultados alcanzados en ese rubro y que tienen al país inmerso en un baño de sangre, son producto también de la falta de conocimiento y experiencia de los militares en la realización de labores policiales, aunado a la necesidad de actuar con las manos atadas por atender el llamado presidencial de “no reprimir” a los delincuentes, quienes, dice, también son pueblo.

La otra realidad es que de las promesas que Alfonso Durazo hizo al asumir su cargo, pocas o ninguna logró cumplir, aunque en el discurso oficial se diga lo contrario.

En principio se fijó una “ruta de pacificación” que incluía tres plazos que se aprovecharian para evaluar su gestión. El primero, a los seis meses, se haría un corte de caja que servirá para ajustar la eficacia de la “estrategia”. Obviamente nada de eso ocurrió; la realidad es que se siguió sin estrategia alguna.

El segundo plazo sería a los tres años, a los que no llegó, y en que estimaría que los niveles de violencia serían los de un país de la OCDE, donde hay menos de cuatro homicidios por 100 mil habitantes. Actualmente México tiene aproximadamente 25.

Y el tercer objetivo, al final de su mandato, en 2024, sería entregar un país en paz. A como está el país parece imposible alcanzarlo, mientras los homicidios se incrementan, a la vez que las ejecuciones y las matanza siguen en aumento a costa de la impunidad con la que operan las bandas criminales.

Otra de las promesas que Durazo dejó escuchar en sus encendidos discursos, fue que se depurarían las fuerzas policiacas. Hasta la fecha ninguna acción en ese sentido se ha hecho. Las policías del país siguen sin ser tomadas en cuenta. Los efectivos estatales y municipales se encuentran en el total abandono sin capacitación y sin recursos.

Para colmo, el presupuesto 2021 del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública bajará de 4 mil 200 millones a aproximadamente 234 millones de pesos, casi desapareciendo al Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (FORTASEG), un subsidio que se otorgaba a los municipios y, en su caso, a los estados, cuando éstos ejercen la función de seguridad pública en lugar de los municipios. Nada hizo Durazo por intentar rescatar ese programa.

Pese a todo, el encargado de encabezar las acciones de seguridad llegó a asegurar que para finales del año pasado, las fuerzas policiacas estarían en condiciones para enfrentarse “de tú a tú” con el crimen organizado. No se vio ningún cambio, ni se vieron intenciones de ponerse al “tú por tú” ante los criminales. Se optó por la inacción ante la operación de los cárteles del crimen organizado, con la perorata de que es mejor una estrategia que vaya a las causas económicas y sociales profundas que generan la inseguridad.

Otro de los pendientes que Alfonso Durazo dejó en el aire y que pocos han analizado, fue su promesa de otorgarle atribuciones operativas a la Coordinación Nacional Antisecuestro (Conase), haciendo creer al titular de esa instancia, Víctor Hugo Enríquez García, y a cientos de ex policías federales ahora adscritos a la Guardia Nacional comisionados a ese organismo, que con el solo discurso se lograría el cometido.

Por todos es sabido que para alcanzar un cambio de esa magnitud es indispensable legislar y, de ser así, otorgarle un elevado presupuesto. Con ese fracaso, cientos de elementos especializados en el combate al secuestro se quedarán en el limbo.

Hasta ahora, de acuerdo con su página oficial, la Conase, dependiente de la SSPC, no ha cambiado sus funciones meramente administrativas. Su función es conjuntar los esfuerzos y acciones del Gobierno Federal con los gobiernos estatales encaminados a combatir el delito de secuestro.

Esta es una parte de la herencia que Durazo deja al país, quien careció del conocimiento en el quehacer policial y optó por politizar el tema de la seguridad. Será también difícil que su relevo pueda reparar ese desastre. Lo más seguro es que mantenga la misma línea, supeditado al procedimiento de las Fuerzas Armadas, así como a las ocurrencias y el plan establecido por el presidente López Obrador en el sentido de atender la inseguridad con abrazos y no balazos.

Aunque tiene de plazo hasta finales de octubre de este año para dejar el cargo es seguro que Durazo se irá antes, presionado por su partido, Morena, el cual, después de los resultados en las elecciones parciales de Coahuila e Hidalgo, tienen urgencia de iniciar la campaña.

Con todo eso, nuevamente el Presidente López Obrador en su mundo paralelo, exaltó la labor de Alfonso Durazo en la mañanera de este 21 de octubre e incluso intentó convencerlo de permanecer en el cargo. “Que se quede porque la verdad me ayuda mucho y ha hecho muy buen trabajo, muy buen trabajo; desde luego, él es libre, es muy importante también lo que quiere ir a hacer a Sonora. Pero yo estoy muy agradecido con Alfonso por su apoyo”. Pues en qué país vive el Presidente.

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